Voto facultativo

Aventurado sería afirmar que Ecuador habría sostenido tránsitos para vigorizar su cultura democrática. Desde el “reestreno democrático” en 1978, han ocurrido 18 elecciones periódicas de gobiernos seccionales, a través de sufragio universal, libre, igual y directo, pero el sistema ha tenido más de un sobresalto, generalmente, por corrupción.

Después de 44 años, subsisten dos partidos: Social Cristiano y Socialista. De los 15 restantes uno sobrevive con distinto nombre: Unidad Popular. Los otros son historia. Para las elecciones programadas del 5 de febrero de 2023 podrán participar 276 organizaciones registradas legalmente, que intentarán captar el voto de 13.4 millones de electores, de los cuales alrededor de 4 millones lo harán en forma voluntaria o facultativa.

El voto es potente arma cívica. Si se deposita bajo principios, contribuye a establecer senderos de progreso, desarrollo y bienestar. Lo contrario significa el escalamiento del populismo, del clientelismo electoral, la sobrevivencia de la corrupción. Por ello es relevante educar, capacitar al voto facultativo, para cimentar civismo, principios democráticos.

Los comicios de febrero tienen mayor relieve, porque también eligen a integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que designa: Fiscal General, Contralor General y Procurador General del Estado; Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendentes de Bancos, Compañías y otras.

El contexto expresa que cada votante tiene alta responsabilidad sobre el futuro del Ecuador, particularmente en la lucha contra la corrupción, que lacera la caja fiscal, en detrimento de obras y servicios públicos. De los casi 4 millones de votantes voluntarios, 635.381 tienen entre 16 y 18 años de edad; 1’717.842 más de 65 años. Alrededor de 600 mil analfabetos, más de 830 mil personas con discapacidad, aproximadamente 240 mil miembros de la Fuerza Pública, como extranjeros con 16 años y más, residentes en el país, al menos cinco años, empadronados.

Los 4 millones de votantes discrecionales son decisivos si se pronuncian en los comicios. Restan menos de siete meses para el evento cívico-político. El Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Educación, los medios de comunicación deberían concertar acciones para difundir y promover principios democráticos en los sufragantes opcionales, a fin de evitar manipulaciones populistas.

La inercia de las organizaciones políticas para realizar capacitación política en sus militantes y adherentes debe ser imputada por el organismo electoral por incumplir este “obligatorio cumplimiento” determinado en el Art. 312 del Código de la democracia.

La desidia de los colectivos políticos les lleva a hurgar candidatos en sitios impensados, quienes, generalmente, carecen de bondades relacionadas al servicio público, sustancia suprema de la política.

La Fuerza Pública también enfrenta contradicciones estrambóticas. Se la determina como no deliberante, pero tiene voto facultativo, para lo que obligatoriamente tiene que deliberar política, sobre realidades locales, nacionales e internacionales. La salud política ecuatoriana tiene imperativos para ser consecuente con la vigencia del sistema democrático y bienestar nacional.