En un hogar con necesidades se busca rematar bienes para conseguir efectivo, con el dolor que esto implica. El gobierno buscando recursos financieros aparentemente encamina su estrategia a despojar a la empresa estatal de sus campos, teniéndose en cuenta que los costos de producción, son incomparablemente bajos con relación a las ofertas que puedan hacer las empresas privadas.
El país ha vivido todo el tiempo la voracidad de los capos, que insertando esbirros dentro del poder gubernamental buscan hacerse de esta única fuente de ingresos segura. El botín codiciado por otros son los bienes estatales de alta rentabilidad como: los yacimientos de hidrocarburos y su infraestructura, igualmente otros recursos mineros, puertos, hidroeléctricas y carreteras de alto tránsito.
El Ejecutivo, al modificar la Ley de Hidrocarburos saltando la Constitución, busca desde su visión incrementar ingresos con la entrega de campos a empresas privadas y lograr sus objetivos a cualquier costo. No es una decisión adecuada, si bien son muy eficientes gracias al flujo de caja inmediato para sus operaciones, pero su objetivo es el lucro, no el servicio. A la estatal se le asigna el presupuesto requerido, pero la transferencia de recursos no se cumple oportunamente, pese a la ley. Las empresas estatales de esta magnitud deben funcionar con autonomía económica, pero eso es un sueño, dados los diferentes factores e intereses que siempre están tras del gran pastel.
En todo caso si se llegan a concluir traspasos o encargos de campos a la operación privada, deben hacerse a la luz del día, de tal forma que especialistas puedan observar los modelos contractuales y aportar a lo que se busca, con estas pretendidas entregas de campos en producción y con reservas probadas, a fin de que sean las cosas transparentes. En todo caso, si se anunciaron como honestos deben probar su coherencia con la verdad y con los intereses nacionales que son los de todos.