Una nueva Corte Constitucional

Transcurridos tres años de la instalación de la Corte Constitucional, se ha iniciado el procedimiento de renovación parcial, en cumplimiento al mandato constitucional y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Esta renovación contempla que tres de los actuales magistrados serán reemplazados para completar el periodo de nueve años para el cual fueron elegidos, y así cada tres años. El espíritu de esta disposición es oxigenar el trabajo de la corte de más alto rango del Estado.

Los jueces en funciones se destacan en su trayectoria en el mundo del derecho, en su desempeño ético y por eso su actuación ha sido autónoma de los otros poderes del Estado. Esto no implica que toda la ciudadanía estemos de acuerdo en todo lo que deciden, para nada. Y es que la democracia, el ejercicio ciudadano y más aún la interpretación y aplicación de la ley va más allá de posiciones personales.

En los siguientes días inicia la etapa de impugnación, en donde dos de los tres candidatos impugnados responderán a los cuestionamientos sobre su trayectoria. Uno de los candidatos impugnados prefirió no hacerlo, evitó defenderse dentro del proceso, renunció y puso en tela de duda la idoneidad de las otras candidaturas, como también lo hizo uno de los miembros del comité de selección.

Pero el resto de actores que sí asumieron la responsabilidad de ser parte del proceso de selección de renovación parcial de la corte se preparan para la etapa de exámenes orales.

Este concurso es de vital importancia para el país. La Corte Constitucional tiene a su cargo la constitucionalización del derecho; es decir, mirar la práctica jurídica no solo desde lo formal sino desde la materialización de los derechos y desde la justicia. Los magistrados de dicha corte tienen la tarea de garantizar que las normas cumplan con los objetivos de la Constitución, vigilar que las actuaciones de los órganos del Estado se orienten a la defensa de los derechos humanos.

Y en esa óptica, las Facultades de Derecho tenemos una gran responsabilidad en la educación jurídica. Nos corresponde promover el estudio ético de la profesión desde la comprensión de que el ejercicio del derecho es tan amplio que no se limita exclusivamente a la litigación, sino también a construir pensamiento jurídico. El gran desafío que tenemos en el campo de la educación es generar pensadores jurídicos y formar litigantes críticos y cuestionadores.

Por eso quienes componen la más alta magistratura del Estado deben ser profesionales del Derecho provenientes de diversas prácticas, que garanticen desde su formación y su trayectoria una vigilancia profunda al contenido del Derecho y no solo a las formalidades del mismo.

La actual Corte Constitucional ha abonado a la evolución del derecho, pese a que muchos sectores intentan que el péndulo se incline hacia el conservadurismo, como si se tratara de la arena política. En lo jurídico, el camino es la evolución hacia el respeto pleno de los derechos humanos y la institucionalidad democrática.