“El derecho a la resistencia” es un mantra que repiten casi a diario ciertos personajes de nuestra política casera que, por lo regular, pocas veces consideran que los demás tenemos derechos. Una paradoja, sin duda alguna. Ese explícito reconocimiento de la violación sistemática de los derechos de los demás parece importar poco a quienes se autoabanderan como defensores de los Derechos Humanos.
Tener el poder no garantiza conservarlo. Como sabemos, es objeto de contiendas políticas sin fin. El poder funciona, la mayoría de las veces, mediante mecanismos que se mueven “por debajo de la mesa”. El continuo reclamo al “derecho a la resistencia” es sólo parte de un rostro que a veces se mueve hacia la izquierda o a la derecha. Pocas veces se deja ver completamente, “de cuerpo entero”, como se dice.
Esta invocación recurrente al “derecho a la resistencia” ni es creíble ni le hace ningún bien a nadie en el resto de la sociedad. Devela, en esencia, falta de dignidad, de higiene moral. La injusticia está en el epicentro del problema y de los intereses de quienes lo reclaman, porque pasan por encima de los otros, una mayoría silenciosa que aporta con su trabajo e impuestos al mejoramiento de toda la sociedad.
Quienes reclama su “derecho a la resistencia” lo hacen desde su parcela de poder, una suerte de auditorio cautivo listo para el aplauso. Son “luchadores sociales” que han adoptado la vía de la ocultación de sus intereses reales, pero pocas veces legítimos, como política. Son recurrentes hacedores de crisis que parecen haber llegado a nuestra historia para no irse nunca. Son aparentemente perpetuos.
Tras años de degradación, contubernios y corruptela, estos “resistentes” se enardecen cuando ven sus cuotas de poder en peligro. Lo que defienden con “el derecho a la resistencia” es una grosera legitimización, una impostura teatral. Temen a una denuncia, un procesamiento, una imputación y una condena dictada por un tribunal imparcial. De ahí la importancia del imperio de la ley establecido en la Constitución.