Franklin Barriga López
Uno de los principales problemas de América Latina y el Caribe es la lentitud en las oficinas públicas, lo que degenera en desidia institucionalizada y serios obstáculos para el desarrollo. La excepción confirma la regla.
Dentro de sus proyectos de investigación para proporcionar soluciones innovadoras y sostenibles a los problemas más acuciantes de nuestra región, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicó, hace aproximadamente cinco años, “El fin del trámite eterno: ciudadanos, burocracia y gobierno digital”.
En este estudio se proporciona recomendaciones, especialmente a los gobiernos, orientadas a superar taras burocráticas: eliminar aquellos trámites que sean innecesarios, redundantes y obsoletos; rediseñar el trabajo, de acuerdo a la experiencia y necesidades de los usuarios; destinar recursos para facilitar el acceso a técnicas digitales; mejorar la calidad de prestación presencial de trámites a través de personal calificado y creación de centros integrados de servicios al público, a través de herramientas como plataformas de operación, identidad y firma digital.
Se subrayó que la digitalización de los trámites reduce la corrupción y los costos de la burocracia, advirtiendo que esta se halla acostumbrada al atorrante y demorado papeleo, sin preocuparse de aplicar normas dinámicas, para proveer servicios eficientes, dentro de la tendencia de dilatar gestiones, con el consabido ‘vuelva mañana’.
Cuando no existen trámites ágiles y sin complicaciones, ausentes de coimas, la imagen de las instituciones mejora, por cuanto va en sentido proactivo, lo que incentiva a la comunidad a efectuar emprendimientos, de lo contrario el usuario se encuentra con obstáculos que son verdaderos laberintos, difíciles de sortear, que fastidian y demuestran falta de transparencia o ineptitud, caldo de cultivo para que prolifere el subdesarrollo y la pobreza.