Preocupa. Ciudadanos, organizaciones, instituciones del Estado, se mueven con pies de barro ante la ola de violencia desplegada, en Ecuador, por el “crimen organizado”. La edificación del drama actual tomó fuerza el 2007, revestida de paraguas constitucional en 2008 y sucesivo ordenamiento complementario.
Todo, sobre la base de populismo y manipulación de mensajes; paralelamente, encajonaron la cívica, la ética, la filosofía en el sistema educativo, como la proliferación de subsidios y latisueldos, mientras el desarrollo económico y social fue represado, para sobrevivir con tarjetas de crédito, con préstamos de chulqueros, que afectan el bienestar nacional.
El ordenamiento establecido desde el 2008 plagó de derechos a los ciudadanos, convertidos en tales los fetos recién alumbrados del vientre materno. El Estado de propaganda despilfarró el ahorro heredado; cuando lo agotó, la deuda fue medio para mantener el espejismo económico, político y social, impulsado por el inusitado aumento del precio internacional del petróleo.
Tomó cuerpo la “generación de cristal”, sobre la base de “derechos”, exentos de obligaciones y responsabilidades, pero estaba incompleta; “meter las manos en la justicia” fue imperativa. Sin rubor, fue anunciada el 25 de enero 2011, meses antes de la consulta popular respectiva.
La administración pública, el sistema educativo estaban cooptados; el turno fue para el Consejo de la Judicatura Transitorio, que en 18 meses puso a la justicia al servicio del gobernante, desbordando sus propios parámetros de calificación.
En 2013 se consolidó fórmula de la corrupción: poder hegemónico más discrecionalidad, menos transparencia. Rigió la burda Ley Orgánica de Comunicación. En 2014, se legalizó a Ecuador como mercado de consumo y comercialización de estupefacientes, con una tablita incluida en el Código Orgánico Integral Penal. Hoy, los centros educativos tienen asedio de microtraficantes de edades similares a los educandos. Las amenazas, riesgos, la violencia, están en el orden del día.
Fiscales y jueces, no subyugados, son víctimas cruentas de la ya común “delincuencia organizada”, frase recurrente desde la sentencia penal contra Jorge Glas Espinel, quien había desempeñado diferentes funciones en el gobierno del 2007 a 2017. Nuevos procesos abiertos no han simulado en aflorar probable vinculación con “delincuencia transnacional”. Odebrecht sería símbolo.
La “delincuencia transnacional” es selectiva, escoge a sus miembros y víctimas y busca impunidad. El presunto asesino del fiscal Edgar Escobar tiene 16 años de edad, beneficiado de infinidad de derechos, como fiscalizar al poder público, revocar y elegir el mandato de autoridades de elección popular, pero con limitaciones legales para procesado penalmente.
Para salvaguardar la integridad de operadores judiciales se pide declaratoria de emergencia al sector. Nada efectivo. Fiscales y jueces penales que investigan y sustancian casos del “crimen transnacional organizado” deben ser jueces sin rostro. Un proceso sostenido para erradicar el estado de violencia debería iniciar por sustituir el ordenamiento legal vigente que la sostiene, paralelamente revertir la “generación de cristal”, estimular la inversión productiva y la generación de empleo.