José Alvear
Se viene un nuevo disparo a los pies para el Gobierno, que lejos de solucionar los problemas de la gente, busca equivocadamente medir su popularidad y dejar en manos de los ciudadanos su trabajo de decidir y marcar el camino del país.
Pero, ¿qué se puede pedir de una administración que no sabe qué hacer? Su plan ahora es librarse de responsabilidades dejando, a través de la consulta, las decisiones en manos de sus mandantes.
Y, ya que entramos en materia, recordemos que en Ecuador las consultas populares se convirtieron en un comodín. Amparadas por el artículo 104 de la Constitución, son una salida fácil, ‘la vieja confiable’, para los gobiernos políticamente débiles como el de Guillermo Lasso.
A lo largo de la historia se realizaron 11 consultas populares en Ecuador. Algunas han servido para impulsar el desarrollo. Otras fueron herramientas para fortalecer a los caudillos de turno y sus macabras estrategias para enquistarse en el poder. La consulta que se aproxima tiene 8 preguntas, ninguna soluciona los problemas estructurales del país, son una especie de ‘tapa huecos’. Las consideradas polémicas o álgidas son las que abordan: seguridad, justicia y estructura política.
La pregunta 1 sobre la extradición es clave. Su objetivo es que no exista cabida para jueces corruptos y temerosos. Muchos de ellos por miedo y algunos por corruptos aceptan sobornos y se prestan a los intereses de los cabecillas del crimen organizado transnacional.
En 2021 se presentaron unas 1.000 denuncias en contra de servidores judiciales por corrupción, una cifra alarmante, si se toma en cuenta que el universo de trabajadores era de 4.069 funcionarios. Es necesario ser firmes porque, si la justicia está corroída, los criminales deben ser extraditados a EE.UU. donde no hay forma de escape, ni flexibilidad y una celda, probablemente sin luz, será su mejor maestra.
Es urgente, también, apoyar con el Sí a la pregunta 2 porque hay que sacar las manos políticas y corruptas de la Fiscalía General del Estado. Propiciar su autonomía es fundamental para lograr una justicia transparente, objetiva y honesta.
Un modelo libertario promueve siempre la reducción del Estado en cualquier ámbito. Por lo tanto, tampoco es negociable el apoyo a la pregunta 3, para reducir el número de asambleístas. Es más, el Gobierno se quedó corto, pues la pregunta debía también contemplar si los ciudadanos queremos seguir pagando con nuestros impuestos los sueldos de estos parásitos y sus asistentes, más conocidos por las fiestas y componendas, que por su aporte al país. Cambios a medias no sirven y huelen a tomadura de pelo.
Estas tres interrogantes le dan la oportunidad al Gobierno del ‘Encuentro’ para que ese comodín, efectivamente, le lleve a ganar su apuesta. La consulta popular nos costará 18 millones de dólares que podrían invertirse en equipamiento para la policía, insumos para hospitales o recursos para las escuelas. Sea cual sea la visión, el deber patriótico llama a votar con las convicciones claras y ya que el gobierno no sabe por dónde avanzar y debe preguntar al mandante, estamos llamados a decirle al presidente Guillermo Lasso lo que debe hacer. Así que ojalá la “vieja confiable” se convierta en un As ganador para el país y la gente.