La nueva ola de enfrentamientos entre internos de la Penitenciaría del Litoral puso en evidencia un conflicto social que acarrean algunos países de la región.
En el Ecuador hay dos elementos que abonan a esta catástrofe. En primer lugar, la situación precaria de los centros de rehabilitación. Y, en segundo lugar, el poder político que ganó el crimen organizado durante gobiernos previos.
En las cárceles del país no se cumplen ninguno de los objetivos para los cuales se priva de libertad a las personas que trasgreden la ley; nadie se rehabilita ahí adentro. Son grandes jaulas infrahumanas, sin servicios básicos, donde se impone la ley de los más perversos y ocurren violaciones sexuales y todo tipo de maltrato.
El crimen organizado y sus tentáculos operan desde las cárceles y en la política. No en vano esta nueva masacre ocurre en una coyuntura en que el Presidente Lasso cuenta con inmenso apoyo de la ciudadanía para generar los cambios profundos que requiere el país.
Pero la responsabilidad de garantizar la seguridad de los centros carcelarios es del Estado, en concreto el gobierno de turno, pero también se requiere a la ciudadanía. Convivir con esta tragedia humana nos hace a todos en alguna medida responsables, no podemos olvidar que las cárceles tienen rostro de pobreza y de clase social.
Frente a las desatinadas declaraciones del Gobernador del Guayas, que a pocas horas del inicio de la masacre afirmó que el Estado se había impuesto y grababa TikToks donde él era el protagonista de la evacuación del personal del centro; la sociedad civil guayaquileña respondió con solidaridad proveyendo féretros para los cuerpos de internos ya identificados y ofreció apoyo a los familiares de las víctimas que ascendieron a 166 fallecidos y 40 heridos.
El Presidente de la República muestra sensibilidad y responsabilidad con la crisis del sistema carcelario, pero requiere del compromiso de toda la ciudadanía para implementar cambios estructurales y recuperar la soberanía del Estado.