En esta columna ya he reflexionado, en otras ocasiones, sobre las principales razones por las cuales nos agrupamos en sociedad y sobre todo los elementos que dan origen al régimen de convivencia vigente. Definitivamente garantizar nuestra seguridad es la razón por excelencia que justifica el sometimiento de las personas a una estructura social, jurídico y política que hoy conocemos como Estado.
La seguridad incluye una representación amplia y de hecho son recientes las nuevas definiciones de seguridad desde una visión integral. Decir que alguien se siente completamente seguro es complejo, la perspectiva individual hace de la seguridad un concepto etéreo. Y por eso la tarea del Estado de garantizar seguridad está en constante desafío, también hay nuevas expresiones del peligro. La seguridad ya no radica solo en mantenerse con vida y preservar la propiedad privada, sino que implica tener un medio ambiente sano, unas mínimas condiciones para gozar de la vida a plenitud, sin miedo, sin hambre y con autonomía. Los distintos modelos de Estado son poco eficientes en esa tarea, pero definitivamente son estructuras necesarias.
En el caso de la pandemia y la vacunación, no puede jamás contraponerse el derecho individual sobre el derecho colectivo. El derecho individual es tan valioso que también debe ser garantizado por el Estado y en esa virtud el límite del ejercicio individual se encuentra en el derecho de los demás.
El Estado está obligado a cuidar de toda la población y ese bienestar incluye la salud. Si la medida necesaria para controlar la pandemia y evitar el riesgo de la población es la vacunación, se convierte en un tema de seguridad y estamos obligados a vacunarnos, caso contrario atentamos contra el derecho del resto. En un tema tan delicado como la salud, no cabe un debate más complejo; es primordial explicar desde la relación entre colectivo, seguridad y Estado.