Miguel Crespo
Es importante realizar un análisis a fondo, posterior a una pandemia, de la salud mental del personal sanitario que trabajó durante los peores días de la historia de la salud en el país. Se contaban por decenas los muertos que había en las unidades médicas, en escenarios donde no se contaba con vacunas, ni tampoco con protocolos claramente establecidos, sin equipos de protección adecuados y con el miedo latente de estar frente a un enemigo completamente desconocido.
Las secuelas que dejaron estos escenarios en el personal sanitario indudablemente necesitan un enfoque general, la inminente necesidad de requerir una evaluación y seguimiento del bienestar en la parte anímica y mental, la estabilidad que se necesita para seguir laborando en instituciones que algún día fueron casas llenas de dolor y llanto de miles de ecuatorianos. Valga la oportunidad de mencionar que en otros sistemas de salud fue considerado como una prioridad, en contraste a nuestro país donde la reparación mental ha sido sin el apoyo del Estado, que en condiciones normales debía garantizar el bienestar físico y mental de este personal.
¿Pero cuál es la realidad que se vive en el Ecuador? Recordar que en el gobierno anterior y frente a los decesos, el miedo y la incertidumbre del personal de salud, se ofreció retribuir todo el esfuerzo mediante la creación de una ley (ley humanitaria) que, al brindar estabilidad laboral con base a un nombramiento, en parte retribuía el esfuerzo del personal. Han transcurrido cerca de tres años desde el primer caso de COVID-19 en el país y cerca de dos años que se ofreció brindar este beneficio al personal de salud; en contraste— y con un nuevo Gobierno que decidió en los primeros días continuar con este ofrecimiento—, es triste y lamentable encontrase con una penosa realidad en nuestro país.
Cada día existen más dudas en el personal de salud respecto a un futuro incierto. Las tasas de depresión, suicidio y problemas de salud mental en nuestro país crecen más, relacionados al personal de salud y población en general. La fuga de cerebros a otros países y personal sanitario formado en el Ecuador va en aumento— al no contar con posibilidades de realizar un posgrado por el alto costo de la vida y la reducción de presupuestos en salud y educación—. Cada día se hace más visible la necesidad de especialistas y atención médica en un medio claramente colapsado y carente de atención digna con calidad y calidez, donde se asegure el acceso, la equidad, la igualdad y la gratuidad, que forman parte de un elemento amparado en nuestra Constitución e incluso en el plan decenal de salud planteado por el actual gobierno.
Fueron desvinculadas más de 1500 personas que formaban parte del personal de salud que estuvo en la pandemia en el ultimo año, cifra que tememos que se incremente para el último año. Más de 8000 personas que supuestamente cumplían los requisitos para el nombramiento se quedaron sin recibirlo en la red pública de salud y alarmantemente casi el 80 % de personas que fueron desvinculadas siguen en el desempleo. Asegurar la salud mental del personal sanitario que trabajó en la pandemia se convirtió en una utopía; se ha dejado a un lado la rehabilitación mental para remplazarla por el anhelo de por lo menos mantener el trabajo y no ser despedido en una modalidad de contratos ocasionales anuales que se dan en nuestro país, sin más esperanza que la de no formar parte de la gran lista de desempleados.