Wellington Toapanta
La algarabía del 4 de marzo, de los 104 asambleístas que aprobaron el informe no vinculante para enjuiciar, políticamente, al presidente Lasso, mutó a sainete, desesperación, entre los proponentes y auspiciantes, por manifiesta ignorancia para tipificar la normatividad acusatoria.
Específicamente, los 59 firmantes han demostrado, públicamente, desconocimiento de las reglas constitucionales y legales para interpelar a un mandatario, adicionando impericia sobre tipificaciones penales, pese a que las exclaman cuando, en el recinto parlamentario, leen discursos, sobre los cuales parece que no tienen retentiva, porque serían ajenos a su cotidianidad.
Los suscriptores de las 55 páginas, han quedado en evidencia de no haber leído ni siquiera la primera página, menos las inconsistencias de las siguientes, lo que ha derivado en el posicionamiento de versiones de que el documento no fue realizado por ellos, lo que dio lugar a versiones de haber contratado un precario estudio jurídico.
Así, el proceso político se mina solo. Ya es reo de ilegitimidad, de incredulidad. Se configuran caricaturas grotescas sobre el juicio político, sobre el cual solo destella la consigna opositora, que tampoco se inmuta para involucrar a sus subalternos de la Unidad Técnica Legislativa, UTL, incompetente para hacer informes sobre juicios políticos.
Los pretéritos adversarios, perseguidores y perseguidos, ahora coaligados, mantienen la consigna y se dan más tiempo para revisar el legajo jurídico-político, para intentar remediarlo, mientras guardan silencio ante la angustia y desazón ciudadana por los desastres naturales, como por la inseguridad, el desempleo, en lo que tienen alta responsabilidad.
Las sucesivas fallas garrafales identificadas en el texto, refrendadas por la mayoría del Consejo de Administración Legislativa y la subordinada UTL, reflejan el retrato de imagen negativa parlamentaria del 90,93% que tienen los ciudadanos.
Los denominados ‘errores’, que más bien son atrocidades cometidas por actores políticos, muestran la carencia de talento para edificar sustentos de juicio político contra el Presidente. Si en estos días la opinión pública guarda silencio sobre el contenido de las acusaciones, es probable que llegue un fardo a la Corte Constitucional.
Es el estado de la festiva pirotecnia jurídica-política de la mayoría parlamentaria motivada por sospechosos triunfos electorales, no por indicios penales, bases para sustento político.