Un dato de prensa de estos días indica que en el país existen 35 centros de Rehabilitación Social con capacidad para 30 mil personas a nivel nacional, pero que hay en la actualidad una sobrepoblación de casi 10 mil personas, lo que causa un 29.7% de hacinamiento. La misma nota periodística señala que el presupuesto del Sistema Penitenciario a 2021 cuenta con $99.5 millones para una población de cerca de 40 mil detenidos, pero que gran parte de este monto se va en salarios.
El problema carcelario en el país data de muchas décadas atrás y se ve agravado en los últimos años porque, a más de errar en las decisiones políticas al respecto, la falta de presupuesto para mantener los “Centros de rehabilitación” y la indignante corruptela de los gobiernos pasados han hecho de las cárceles centros de hacinamiento donde la violencia, la pobreza y los vicios de todo tipo campean.
Pensar en un presupuesto para los privados de la libertad parece un contrasentido cuando hay otros problemas de evidente importancia; sin embargo, la situación carcelaria es también un hecho humano y social que requiere urgente atención.
A lo anterior hay que sumarle la creciente ola delincuencial que azota a Latinoamérica y, fundamentalmente, al Ecuador, a través de la presencia de bandas criminales y carteles de la droga que se enfrentan por los “territorios” para llevar a cabo sus actividades criminales. En estas condiciones, indigna pensar en las irresponsables acciones del correato que “generosamente” aportaba económicamente a otros países, cuando entre nosotros las necesidades cundían sin compasión; molesta grandemente recordar la prepotencia e inmoralidad de esos tiempos.
Francamente, esta es una labor durísima en la que este nuevo gobierno debe empeñarse, de la que no puede descuidarse, primero porque hay que trabajar con verdaderas políticas carcelarias que le permitan poner orden con la mano dura que ofrece el Presidente y, paralelamente, desmantelar los lazos de corrupción que tejen las organizaciones criminales, situación que compete a varias instituciones del poder público. Solamente así podremos hablar de “centros de rehabilitación” capaces de actuar como tales.