Rosalía Arteaga Serrano
El Estado debe precautelar la seguridad de sus habitantes. Precisamente cuando se analiza el surgimiento de los Estados, tanto de los democráticos como los que no lo son, en gran medida su razón de existir está basada en la posibilidad de dar seguridad a sus asociados, a sus miembros, a quienes viven en el territorio de un país determinado.
El tema toma cada vez más relevancia en el Ecuador de estos últimos años, sobre todo tras la aparición de poderosas bandas de narcodelincuentes, cuyo origen está fuera de las fronteras nacionales y que se han afincado con prácticas de terror que afectan a todos quienes vivimos en el país.
Hasta hace no mucho, Ecuador aparecía como uno de los países más pacíficos y seguros, pero esa percepción ha desaparecido al calor de las frecuentes situaciones y noticias que alteran la paz, siembran la inseguridad y hasta el terror.
Ahora se empieza a debatir la necesidad de recurrir de manera más decidida a la ayuda internacional y se habla del retorno de una base que operaba en el Litoral nacional, en la ciudad de Manta, permitiendo que militares, aviones y equipamiento de Estados Unidos operen desde territorio ecuatoriano, para perseguir a los narcos y vigilar la extensa costa ecuatoriana, y disminuir el ingreso y salida de mercancías ilícitas.
Los narcotraficantes agreden a Latinoamérica en una ofensiva de terror sobre nuestro continente. Hay que tener políticas conjuntas para enfrentar este terrible flagelo que amenaza a los habitantes, sobre todo a los más jóvenes, fácil presas de las bandas y cuya situación y las de sus familias se vuelve cada vez más precaria.
En este sentido, debe discutirse con absoluta responsabilidad la posibilidad del restablecimiento de bases militares extranjeras que tengan como único fin el combate al narcotráfico y el apoyo a la seguridad nacional.