Por: Franklin Barriga López
Se llevó a cabo un referendo por el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo una consulta popular para que el electorado de su país decida, en las urnas, si su gobierno prosigue o no en el poder.
Cumplió lo ofrecido en marzo de 2019, cuando dicho mandatario firmó una comunicación pública dirigida al pueblo mexicano, indicando que buscaría su opinión a mediados de su período gubernamental. En ese documento, afirmó: “Ciertamente fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero, según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su Gobierno; es decir, el pueblo pone y el pueblo quita”.
El instrumento referido y de evaluación, previamente aprobado por la Cámara de Diputados y la del Senado, posibilita enmendar rumbos o ratificar la confianza en sus representantes. Aconteció lo segundo y de manera ampliamente mayoritaria, aunque la participación ciudadana haya sido baja, lo que constituye indiscutible aval para la mejor gobernanza.
Este procedimiento, poco conocido en los últimos tiempos, no es nada nuevo: data desde la democracia de Atenas, para terminar, en último caso y sin violencia, con los malos gobernantes; “para contrarrestar la crisis de representación”, se lo esgrime al momento. López Obrador se subió a la ola de popularidad que aún mantiene, seguro de su victoria electoral.
Bien vale hacer una analogía con lo sucedido en el país azteca: en Ecuador se llenaron la boca los dirigentes de masas en torno a la muerte cruzada, que no pasó de ser una simple amenaza. El presidente Lasso desaprovechó la merecida aceptación que tuvo, debido al éxito de la campaña de vacunación en contra del coronavirus, mientras tanto siguen los politiqueros armando sus tramoyas, sin apartarse de típicas medianías, embustes y corruptelas.