En el Ecuador mantenemos debates acalorados y frecuentes sobre los derechos que gozamos la ciudadanía y sobre todas las obligaciones que tiene el Estado. Sin embargo, no nos preguntamos con la misma frecuencia quién paga las cuentas.
El Estado es la organización política que administra la vida de las personas agrupadas en sociedad. Es la entelequia jurídica que congrega las normas, las instituciones y organiza nuestras vidas. El Estado es el medio por donde garantizamos el principio de solidaridad, es decir que las personas que tienen más recursos compartan con las personas que tienen menos. Es también la estructura que garantiza nuestra protección y cuidado en el espacio que compartimos y también cuando nosotros no podemos solventarlo en la vejez, en la enfermedad o simplemente en la pobreza.
Pero el Estado no cuenta con recursos independientes. El dinero que administra proviene de la ciudadanía; en concreto, de los impuestos que logra recuadrar del trabajo y la riqueza que generamos la ciudadanía, y de los recursos que puede explotar. Por eso, dentro de la fructífera discusión sobre el tipo de convivencia que queremos y debemos tener es necesario hablar de cómo se va a financiar ese estilo de vida.
La Carta Magna vigente en el país desde el año 2008 contiene una amplísima gama de derechos que, sin duda alguna, representan la dignidad del ser humano, pero no define quién paga esos derechos.
Las urgencias del Ecuador son muchas, tanto en seguridad, salud, educación o empleo. Pero para poder generar la hoja de ruta de ese nuevo pacto social que nos convoca, es indispensable primero definir cómo vamos a financiarlo. Y ese cómo atraviesa por una reforma fiscal transparente, sensata y rígida que garantice por un lado el cumplimiento de esas metas y sobre todo que nunca más permita que se derrochen nuestros recursos en un Estado de Propaganda sin límites éticos ni legales.