La convocatoria del presidente Guillermo Lasso era indispensable para coordinar, con los gobiernos locales, tareas conjuntas que permitan frenar la criminal acción de la delincuencia que ha sitiado a la sociedad ecuatoriana y la tiene secuestrada por el miedo y la impotencia. La sociedad habría esperado una respuesta cívica, no demagógica e histriónica; pero lamentablemente algunos políticos son incorregibles y de ellos poco se puede esperar.
De acuerdo con la norma legal, contenida en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad en la competencia de seguridad ciudadana:
Art. 50.- Le corresponde al prefecto o prefecta provincial:
“Coordinar un plan de seguridad ciudadana acorde con la realidad de cada provincia y en armonía con el plan nacional de seguridad ciudadana, articulando para tal efecto el gobierno autónomo provincial, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional”.
Art. 60.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa:
“Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”.
Art. 70.- Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural:
“Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad ciudadana, articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía Nacional”.
La ley manda que exista un plan nacional de seguridad ciudadana y planes en los demás niveles de gobierno. Habría sido importante que el presidente exponga su plan para orientar la planificación provincial y local. Para que esto suceda, el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) debería contar con un organismo de planificación y coordinación permanente, que hoy no existe, lo que ha sido causa del desastroso manejo de las crisis de seguridad a partir del año 2017. Además, para desgracia de los ecuatorianos, los políticos se encuentran ya en campaña para las elecciones seccionales, por lo que de ellos poco se puede esperar.