El sistema de justicia actual es indefinible porque refleja una sociedad ambigua que habita en una especie de limbo, acostumbrada a la comodidad de no pensar ni reclamar su futuro, a soportar la ignorancia e indiferencia y la desesperanza política. Una sentencia de tres años y cuatro meses de prisión al policía Santiago Olmedo por abatir a dos delincuentes durante un asalto muestra no solo contradicciones, vicios sociales, deficiencias legales y mucha estupidez, sino también la entrampada corrupción de abogados, jueces y fiscales para lucrarse con el delito. La disrupción de las instituciones encargadas de la seguridad, malas leyes y el retroceso de la democracia.
La bancarrota política y propuesta de eliminación del Consejo de la Judicatura no resultan tan importantes como abrir un debate crudo sobre la pena de muerte o la cadena perpetua para delitos como el sicariato, la violación de niños y el robo de fondos públicos no devueltos. Si el gobierno intenta cambios estructurales, tal vez, tiene una oportunidad al consultarle a la gente qué hacer con el ladrón, el homicida y el violador que deambula por las calles. Preguntas para esa ciudadanía que cohabita con la realidad del narcotráfico y la acumulación desproporcionada de muertes violentas. De ahí, el apoyo electoral necesario que legitime y mejore la inteligencia y contrainteligencia militar y policial del Estado para disminuir la violencia narco-delictiva.
La ley no se aplica para todos por igual ni la gran cantidad de leyes resultan una consecuencia del sentido común. Las decisiones de muchos jueces empeoran la desconfianza ciudadana en la función judicial. Policías y ciudadanos honestos involucrados en procesos judiciales exuberantes mientras delincuentes reincidentes andan sueltos y armados pese a la infinidad de detenciones y pruebas en su contra. Un tema colateral gira en torno a la exponencial migración venezolana que carece de evaluaciones periódicas pues esconde varias facetas no indagadas sobre el crimen organizado y altos niveles de inseguridad. Algo que los políticos no visualizan.
El crimen de un holandés en el cerro Santa Ana de Guayaquil, que agudiza los estragos de la pandemia para el sector del turismo; las constantes balaceras en varios cantones, el drama de otro policía asesinado y el rastreo de polígonos de tiro clandestinos, exigen nuevas políticas públicas y soluciones; que se cumpla con los ofrecimientos de campaña del régimen sobre seguridad y calidad de vida. ¿Esperaremos un año más?
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