Un 12 de diciembre de 1977, una religiosa mercedaria encontró en una caja de cartón la cabeza de Antonio Briz López. Los autores reconocieron que: “La decisión de ejecutar y decapitar al mencionado industrial fue impartida como una orden militar no sujeta a discusión y a través del mecanismo de compartimentación y secreto bajo el cual actuaba el Comando”. En 1980, los delincuentes, al fugar del penal, asesinaron a dos policías e hirieron a dos guías penitenciarios. Seis años después, ‘Alfaro Vive Carajo’, al liberar a uno de sus miembros, liquidó a sangre fría a tres policías en el Hospital Eugenio Espejo.
Estos fueron tres de muchos hechos infames que conmocionaron entonces a la sociedad ecuatoriana. Llegó el gobierno de Rafael Correa y se elevó a la heroicidad a sus autores y se convirtió en presuntos criminales a muchos policías y militares, con la anuencia de Amnistía Internacional y de la Comisión de la Verdad que, sin el indispensable rigor investigativo, fantasearon sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad, contrariando la letra del Estatuto de la Corte Internacional de Roma.
El sábado 21 de noviembre de 2019, se iniciaron movilizaciones sociales contra las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, en ejercicio de un legítimo derecho de los ecuatorianos, amparado por la Constitución y la Ley. Lastimosamente, pronto se hicieron presentes actos de extrema violencia, con operaciones urbanas sincronizadas de grupos armados, toma de plantas de agua potable, asaltos a pequeñas empresas ganaderas y florícolas, secuestro de periodistas, policías y militares, acoso sexual a servidoras policiales, destrucción del patrimonio cultural de la humanidad, incendio de un medio de comunicación, etc. La Asamblea Nacional, controlada por la misma tendencia política, concedió el 10 de marzo la amnistía indiscriminada a 268 personas, argumentando la necesidad de una reconciliación nacional. No asombra que, con los antecedentes citados, los servidores policiales y militares quedasen al margen, olvidando que los actos de terror son intrínsecamente condenables sin importar quien los cometa. No puede la Asamblea argumentar reconciliación sobre la base del discrimen y de la injusticia.