Por María Paz Jervis
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, inalienable, inherente a todas las personas; constituye además un elemento indispensable en un régimen democrático.
Al ser un derecho tan importante, el Estado debe reconocerlo, garantizarlo y protegerlo; es decir que, además de crear las condiciones necesarias para que cada persona pueda gozar de libertad de expresión, debe prever las posibles sanciones y mecanismos de reparación cuando se vulnera este derecho. Ningún derecho es absoluto. Todos los derechos requieren limitaciones y es el Estado, como garante de nuestra seguridad individual y colectiva, el único que puede establecerlas.
La Ley Orgánica de Comunicación del año 2013 vulneró el derecho a la libertad de expresión de toda una sociedad. Después de esa experiencia traumática que tuvimos los ecuatorianos, yo también llegué a pensar que la mejor ley de comunicación es la que no existe. Pero precisamente por la experiencia vivida, es innegable que un derecho tan relevante requiere un alto estándar de protección y tutelaje para que nunca más pueda censurarse a las voces opositoras.
Ahora se encuentra en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Libertad de Expresión que ya se aprobó en primer debate. Este contempla una propuesta que se basa, sobre todo, en la autorregulación y evita cualquier forma de sanción.
En ese sentido, si es que consideramos que el derecho a la libertad de expresión es un derecho sin límites, sin obligaciones y sin deberes, estaríamos proponiendo una nueva tipología del derecho que transgrede el ordenamiento jurídico y el Estado.
Si los derechos no son regulados, dejaremos en manos del mercado el ejercicio de los mismos. La autorregulación no puede suplantar el rol garante de Estado.
El riesgo es que se cree otra ley que responda exclusivamente a la coyuntura y ponga en riesgo, una vez más, el tutelaje de los derechos humanos fundamentales.