La Resolución 68/167 de Naciones Unidas sobre privacidad en la era digital, hecha en 2013 tras las develaciones de Snowden sobre instrumentos de vigilancia masiva en entornos digitales, indicaba, entre otros aspectos que los Estados debían revisar sus procedimientos y legislaciones con respecto a vigilancia y recopilación de datos. Invitaba también a establecer mecanismos de supervisión independientes de esas prácticas.
Los instrumentos de monitoreo masivo se utilizan para evitar que alguien esparza su voz (con instrumentos de control previo y censura) o para acallarla (control de contenidos, bloqueo de acceso a información y acción contra quienes ejercen su derecho de libertad de expresión).
Frente a las nuevas tecnologías los instrumentos de control se vuelven más difíciles de establecer. Un régimen autoritario buscará controlar el acceso a internet a su población, la mejor vía un único proveedor, que pueda bloquear el acceso a la población directamente a instrumentos de divulgación de contenidos. Pero puede haber un camino alterno que busque mantener una apariencia de democracia y no vaya por el control del acceso, sino por crear normativa que amplíe los mecanismos de sanción a contenidos en entornos digitales, con la intención de acallar el ejercicio de la libertad de expresión de pensar distinto.
Los estados autoritarios deben temer a la libertad de expresión porque ya no depende de alta tecnología o equipos costosos que cualquiera pueda transmitir su pensamiento a todo el mundo. Internet permite el ejercicio real de dicha libertad a todas las personas.
La información debe fluir, siempre. Y la libertad de expresión es un derecho humano, de todas las personas, todo el tiempo, en toda plataforma, siempre. La construcción de normativa no debe realizarse para afectar dichas libertades sino para fomentar un ejercicio pleno de dicha libertad.