Los trabajadores y otros sectores sociales, en su legítimo derecho, se han manifestado en contra de las políticas del Gobierno del presidente Guillermo Lasso. En democracia, esto es normal. Lo anormal es que los manifestantes violen los Derechos Humanos, realicen actos de terror, y conspiren contra la democracia.
La convocatoria de los trabajadores resalta varios temas: venta del Banco del Pacífico, la CONVEMAR (Convención del Derecho del Mar), minería, privatizaciones de las empresas públicas —en particular en los sectores estratégicos—, las concesiones abusivas a inversionistas extranjeros, exonerándolos de impuestos y ofreciéndoles financiamiento cuando ellos deberían traer capitales—. Son reivindicaciones respetables, pero algunas de ellas controvertibles.
Defender la empresa pública por ser tal es no querer ver a las empresas públicas del Distrito Metropolitano de Quito, saqueadas, paralizadas e ineficientes; romper lanzas por el manejo estatal de los sectores estratégicos, después de lo que ha sucedido en proyectos como las refinerías de Esmeraldas y del Pacífico, las hidroeléctricas, o los negociados de PETROECUADOR, ¿es defendible? Atacar a la CONVEMAR que le permite al país tener límites definitivos con los Estados vecinos y Costa Rica, y le abre enormes proyecciones, especialmente en la plataforma marítima, y respalda sus derechos frente a la presencia de potencias pesqueras extranjeras, ¿tiene alguna lógica?
Claro que es legítimo exigir que el Gobierno trabaje en bien de toda la comunidad, pensando especialmente en quienes sufren del desempleo, la pobreza y la pobreza extrema; consciente de que las políticas públicas, enmarcadas en la Ley, deben dirigir y orientar las actividades estatales y privadas hacia el logro de objetivos de convivencia y progreso en paz; y mejor todavía si esas políticas nacen de un amplio debate con la sociedad, sabiendo que en democracia, el arte de acordar políticas es complejo, como es compleja la gobernanza en regímenes no autoritarios. No se debe perder de vista que la razón fundamental del Estado es garantizar el desarrollo armónico y ordenado de la sociedad, buscando el bienestar general, el desarrollo y la seguridad, como garantía de una convivencia en paz.