Paco Moncayo Gallegos
Son aquellas consideradas de vital importancia para el desarrollo y la seguridad de los países; destaca entre ellas y es así considerado por los pueblos del mundo, el sector energético. La falta de provisión de energía afecta a la economía y bienestar de la población. Una crisis en esta área es síntoma de fragilidades peligrosas e inexcusables en la gestión de los asuntos del Estado.
Los estados bien gestionados definen cuáles son los intereses nacionales y trabajan, a través de sus distintas instituciones, para defenderlos y protegerlos. Para que lo anterior sea posible, es indispensable planificar estratégicamente el desarrollo y la seguridad nacionales; establecer los intereses vitales de la nación y definir los objetivos fundamentales que corresponden al mediano y largo plazo, que deben orientar la planificación de cada gobierno, considerando su periodicidad, y la alternancia fundamental en los regímenes democráticos. Lo contrario es lo que soportan Venezuela y Nicaragua.
Se debe considerar también que las áreas estratégicas deben estar bajo control estricto del Estado, porque de otro modo, quien se asegure su dominio, monopolizará el poder y la sociedad perderá en democracia en razón directa con la concentración permitida. En términos claros, los grupos sociales que lograsen controlar monopólica u oligopólicamente la riqueza petrolera o el sistema de energía eléctrica se apoderarían de hecho del poder del Estado, el cual, aun manteniendo formalmente la apariencia democrática, se volvería en la práctica, autocrático u oligárquico.
Por otra parte, las áreas estratégicas no pueden estar dominadas tampoco por el interés de los encargados de administrarlas. No es aceptable que se vuelvan feudos familiares de grupos de políticos, burócratas o sindicalistas abusivos que pretendan obtener de su posición beneficios extraordinarios, o capacidades de chantaje político y que, además, no sean capaces de manejarlas de manera técnica, económica y eficiente.
Situaciones como las que soporta el Ecuador no pueden ser atribuidas simplemente a fenómenos climáticos o atmosféricos, sabemos de la naturaleza de esos riesgos y es inexcusable que por incapacidad, incompetencia y corrupción se haya llegado a estos extremos.