Segunda independencia

Pablo Granja

La incursión de las fuerzas armadas regulares colombianas al campamento en Angostura en marzo de 2008, refugio del “canciller” de las FARC Raúl Reyes, fue un hecho grave que justificó una reunión de emergencia de la OEA, durante la cual el presidente Uribe entregó a su homólogo ecuatoriano evidencias sobre la penetración de la guerrilla en el Ecuador y los vínculos con algunos de sus allegados. En marzo de 2009, el presidente Correa formó una comisión encargada de investigar lo ocurrido, nombrando para presidirla al patriota Francisco Huerta, cuyas conclusiones no fueron del agrado de quien la conformó y ahí quedaron la amistad y el informe. Nada se había hecho para impedir las romerías de revolucionarios que acudían a obtener cédulas de identidad ecuatoriana; o para recibir instrucción política, logística y apoyo financiero. Pancho advirtió que el país corría el grave riesgo de caer en las redes de la corrupción financiada por el narcotráfico, y su advertencia tiene el eco de una trágica premonición.

Los errores posteriores —calculados o no— cometidos por el gobierno a nombre de la soberanía, la dignidad nacional y la autodeterminación, nos dejaron expuestos y vulnerables frente a una delincuencia que no duerme ni descansa: la expulsión de la Base de Manta, el desmantelamiento de los radares que detectaban el tráfico de naves ilegales, la apertura de las fronteras a cualquier extranjero sin el requisito del pasado judicial; tratar de y como “boy scouts” a las bandas de crimen organizado, otorgándoles personería jurídica, afiliarles al partido de gobierno para permitirles ocupar curules en la Asamblea; son algunas de las causas por las que se estima que hemos llegado al punto en que nos encontramos. Si a esto le sumamos tener una economía dolarizada y leyes que tienden a proteger al delincuente antes que a quienes lo persiguen y controlan, el aterrizaje a gran escala del crimen organizado era cuestión de tiempo. Sectores público y privado que impulsan, reclutan y operan a favor del crimen organizado han terminado transformando al país en lo más cercano a un “narcoestado”.

El caso Metástasis, conclusión de más de un año de investigaciones herméticas por parte de la fiscal general, ha descubierto el escenario oculto detrás del cortinaje en que ha operado una de las instancias más estratégicas como es el Consejo de la Judicatura, encargado, ni más ni menos, de calificar y nombrar jueces. El presunto involucramiento de su presidente es escandaloso, como lo es el de generales de la Policía Nacional encargados del control del narcotráfico y las cárceles, desde donde los capos de la mafia planificaban y ejercían su poder e influencia, coordinando con los jueces que emitían providencias en su favor utilizando recursos forzados y contrarios a la conveniencia y a la paz social. Pese a que el expresidente Correa puso  en riesgo la efectividad del operativo por su imprudente advertencia —deliberada o no—  hecha la víspera, se logró capturar a 29 integrantes de esta presunta red de corrupción, y aunque algunas fichas lograron escapar, el resultado fue exitoso. Tanto que se está empezando a revelar el inquietante organigrama encargado de dinamitar las bases de nuestra sociedad.

Las reacciones favorables han sido múltiples, aunque destaca la hipocresía del Grupo de Puebla, nuevo membrete del neocomunismo regional, que se atreve a cuestionar a nuestra valiente fiscal general, demostrando que prevalece la complicidad incondicional con uno de sus miembros antes que la valoración de los antecedentes. Ante la monumental acción asumida por la fiscal general, el presidente Noboa no tiene otra alternativa que brindar todo el apoyo que necesite de las entidades de control e inteligencia del Estado, so pena de aparecer disminuido ante el crimen organizado o ser su rehén, porque lo que está logrando Diana Salazar es evidenciar que las fuerzas más siniestras y obscuras están a punto de tomar el control total del país, contra las que debemos unirnos y luchar hasta lograr nuestra Segunda Independencia.