Estados Unidos, en su calidad de imperio prepotente y omnipresente, ha enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores, un documento sobre un “proyecto de arreglo bilateral no vinculante sobre migración” con el que pretende ordenar o implantar una serie de condicionantes que el Ecuador debe observar en su trato con los migrantes, en especial con los que, desde aquí, viajan a Norteamérica, y desde allá son deportados por considerarlos “ilegales”, e imponer su retorno al Ecuador.
Este país se ha caracterizado por el trato humano y respetuoso a los migrantes, e inclusive los ha protegido si los considera vulnerables al generar “marcos jurídicos de reasentamiento y migración legal en el hemisferio occidental”. Es el trato humano y digno que han recibido, por ejemplo, migrantes haitianos, venezolanos, colombianos y de otras nacionalidades.
El documento estadounidense se divide en tres segmentos: “1.- manejo migratorio, 2.- estabilización y 3.- rutas migratorias regulares y protección de población que requiera retornar a espacios en los que logre un estatus migratorio regular”.
Es un hecho positivo que el Ecuador “establece constitucionalmente que no existe migración ni condición humana ilegal, sino irregular”. Para Estados Unidos la migración no es irregular sino ilegal, pero además quiere obligar al Ecuador la imposición de visados para distintas nacionalidades como uzbecos, albanos y de otras nacionalidades que vendrían al Ecuador en tránsito hacia Estados Unidos.
Sería muy perjudicial para el país que Estados Unidos capturara a migrantes irregulares de terceros países y los deportara a Ecuador, si desde aquí decidieron migrar a la sede imperial. ¿De dónde saldrían los recursos económicos para recibir a los migrantes que Estados Unidos expulse?