La Constitución define al Ecuador como un Estado constitucional democrático de derechos y justicia social, organizado en forma de República y administrado en forma descentralizada (CRE Art.1) –los asambleístas omitieron, intencionalmente, la calificación de ‘Estado de derecho’-; sin embargo, al constituirse como una República democrática, es obvio que rige la división de funciones y que todos los ecuatorianos se encuentran igualmente sujetos a códigos y procesos legales públicamente divulgados. Se debe considerar que la sujeción universal a las leyes y la justicia social son dos partes inseparables de una misma ecuación republicana.
También la Constitución de la República del Ecuador proclama la independencia de las cinco funciones en que se organiza el poder público y es enfática en especificar que, “Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa” y que, “La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera”, lo cual implica el reconocimiento del papel trascendental de esta Función. Se ha dicho que un Estado puede subsistir a los malos gobiernos y asambleas, pero que, si fracasa la justicia, no tiene redención.
En la actualidad, las amenazas que enfrentan jueces y fiscales han llegado a extremos abrumadores. No se trata solamente de las presiones de los poderes públicos y fácticos tradicionales que, en términos de la sabiduría popular, hacían que ‘la justicia sea para el de poncho”; se trata de las maniobras de las mafias políticas y del crimen organizado (en ocasiones íntimamente vinculados) por cooptarlos, sea con tentadoras ofertas económicas, con amenazas a su integridad física y de sus familias, o por chantaje.
En estas circunstancias, es deber de todos los ecuatorianos respetar y proteger a los administradores de justicia, frente a estas acciones que ponen en riesgo el funcionamiento de la totalidad del Estado. Es importante que la participación ciudadana se active con veedurías y observatorios que actúen preventivamente para evitar irregularidades como las que se observan en jueces que ponen en riesgo los esfuerzos valientes de los fiscales honestos.