Al invocar tan a menudo el respeto por el Estado de Derecho y la Constitución, la verdad y la mentira tienden a mezclarse. Esa mampara encubre en algunos casos lamentables una comunidad de “cleptocracias” (del griego clepto, ‘robo’; y cracia, ‘poder’ = dominio de los ladrones), desde generales hasta jueces, desde personajes influyentes a banqueros, charlatanes y mentirosos, abogados y patrioteros que avivan sentimientos nacionalistas para servir a sus intereses.
Esta comunidad de “cleptocracias” medra en todos los poderes del Estado. Importa para nuestro día a día mucho más de lo que parece. Afecta a quien paga más impuestos y quien menos, quien gana más y quien menos. Es responsable de las desigualdades que nos agobian y de la pobreza que no mengua, de la delincuencia que se burla a diario de las leyes, de la inseguridad ciudadana, de las cárceles ingobernables y del tráfico de estupefacientes.
La “cleptocracia”, a la luz de nuestra historia se arrastra por décadas, no tiene fin ni a largo ni, aun menos, a corto plazo. Se aprecia en los ataques a la Fiscalía o en los desencuentros bochornosos al interior de la función judicial. En el clientelismo político y el peculado están en el menú de cada día. Sin una separación plena de poderes y su adecentamiento, esta renqueante democracia que tenemos pronto se convertirá en una “cleptocracia” absoluta.
Un día se dejan hacer un regalo o una invitación, luego reciben un ‘dinerito’ por un encargo y casi sin darse cuenta se convierten en cómplices. El Diccionario de la Real Academia define “cleptocracia” como “sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”. Sin embargo, en cada uno, en cada ecuatoriano pervive una irrenunciable vocación de justicia y de búsqueda de la verdad.
La moral es conciencia del bien y del mal, una capacidad específicamente humana. Por tanto, hay que restablecer el principio de autoridad ciudadana, porque a las personas, por fortuna, siempre nos queda una chispa de dignidad. Hay que hacer una reforma a fondo de la Constitución y de los códigos penal y civil, algo para lo que una consulta popular sólo será un primer paso. Dar batalla a la “cleptocracia” es una tarea titánica, pero impostergable.