Nos toca ir a pecho descubierto

Alejandro Querejeta Barceló

Fue el presidente Lasso quien en una intervención pública habló de la existencia entre nosotros de narcopolíticos. Luego alguien designó al de Ecuador como un narcoestado.

Entonces, si el Estado es, o debería ser, una institución de orden, de gestión, de justicia y de defensa, ¿qué podemos los ciudadanos esperar del nuestro? No conforme con eso, enseguida hubo quienes se refirieron a narcoabogados, narcoempresarios y hasta narcociudadanos. De manera que de esta suerte se describe la penetración a fondo en nuestra sociedad del narcotráfico propio y foráneo.

¿Hay algo peor que la incertidumbre? Sí, la desvergüenza de quienes por décadas han convivido con la trágica inmoralidad colectiva, que este conjunto de calificativos describe. Es el resultado de juego de espejos de las verdades a medias y las mentiras sin testigos, de la corrupción desbocada y la hipocresía sin escrúpulos.

La pregunta, sin embargo, es otra: ¿de quién es la culpa? Tal vez la carencia de instituciones probas, de normas y procedimientos reguladores de la vida social. Esta tragedia es resultado de liderazgos populistas, de la polarización y el extremismo, los abusos, la perplejidad y el desorden social, aunados al deterioro y la victimización como norma encubridora del delito.

La participación ciudadana en el combate a la narco corrupción debe ser lo más abierta posible, sin que la clase política o la sociedad civil impongan restricciones. Hay que identificar y aplicar la Ley a quienes den y reciban sobornos, a quienes desvíen recursos y revendan los recursos, a quienes miren hacia otro lado y a quienes exijan una parte a los que reciben.

El poder tóxico de la narcopolítica estrangula todo el entramado democrático. Sin jueces independientes, el equilibrio de poderes se resiente y, con él, la calidad democrática. Se necesita una sacudida sin contemplaciones, en aras de la reconstrucción de la decencia.

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