El poder legislativo en el Ecuador, una vez más, estremece a la ciudadanía tras la decisión de declarar amnistía a 268 personas procesadas por distintas causas.
¿Pero qué implica la amnistía? ¿De qué se les acusa a esas 268 personas?
La palabra amnistía, según la definición de la Real Academia Española significa: “Perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Es una decisión a nivel político con consecuencias en el nivel jurídico. Esta figura, contemplada en la Constitución, así como en estándares internacionales de protección de derechos humanos, tiene como objetivo perdonar a personas procesadas por delitos que, en la mayoría de los casos, son de índole política. Es decir, que mediante esta decisión se deja en libertad a personas específicas, pero sobre todo se pretende liberar a la sociedad de un conflicto que tiene poca viabilidad de resolverse.
En el caso ecuatoriano, dentro de los 268 amnistiados constan implicados en las violentas protestas que desestabilizaron la nación en octubre de 2019, traficantes de tierras, responsables de minería ilegal en Buenos Aires en la provincia de Imbabura, entre otros. Y dentro de esos nombres obviamente salen bien librados líderes políticos del movimiento indígena como Leonidas Iza y otras caras visibles de la “revolución ciudadana” como la prefecta Paola Pabón.
Los asambleístas otorgaron la amnistía a este inmenso grupo de personas argumentando que se criminalizó la protesta social, que se castiga la defensa de los derechos de la naturaleza. Para los legisladores, todas esas acusaciones se deben a persecución política y falta de comprensión de prácticas ancestrales. Resulta que cuando el país entero enfrentó las vías cerradas con turbas de atracadores, los saqueos, los incendios y vimos por televisión policías y periodistas secuestrados, no entendimos su mensaje pacífico y su tradición cultural. Nosotros, los que nos indignamos, estamos equivocados y buscar justicia supone una persecución política. En la misma línea, la amnistía implica dejar impune los delitos sexuales contra las mujeres policías que fueron detenidas por los manifestantes (pacíficos según la compresión de la Asamblea Nacional) que hoy están libres. También debemos olvidarnos que se incendió la Contraloría General del Estado.
Quizás el aspecto más grave de esta retorcida decisión política, es el grado de indefensión en que queda nuestra fuerza pública. Los policías y militares vejados, humillados y violentados durante las mismas protestas no fueron contemplados dentro de esa amnistía. Sin perjuicio de que cualquier abuso por parte de la fuerza pública debe ser investigado y procesado, no podemos decir a quienes nos protegieron durante esas jornadas de ataque destructivo a todo el país sobre todo a la capital, que a partir de ahora no vuelvan a hacer su trabajo. En un momento en que nos sentimos inseguros y desprotegidos como ciudadanos, necesitamos una fuerza pública sólida que cuente con el apoyo legal y político para defender a la población. Este mensaje es precisamente el opuesto.
Por eso no hay perdón, ni olvido. Ningún ecuatoriano ha olvidado esos días de angustia y terror. Los quiteños y quiteñas no hemos perdonado a quienes destruyeron nuestra ciudad.
No se confundan. No fueron marchas reivindicativas que dejaron huellas en paredes y calles, como ha sido la historia de esta capital política y democrática que ha defendido la institucionalidad del país en tantas ocasiones y que ha sido el escenario de las conquistas de los movimientos sociales. Octubre de 2019 fue un atentado violento a la estructura de Quito y a la dignidad de su ciudadanía.