Narco generales

PACO MONCAYO

Pocas noticias han ocasionado tanto escándalo en la sociedad ecuatoriana como la entregada por el embajador Michael Fitzpatrick, al denunciar la existencia en Ecuador de narco generales y la presencia, dentro y fuera del país, de grupos que pretenden corromper a los sectores público y privado. Para proteger la democracia y el Estado de derecho, advirtió que es imprescindible luchar cooperativamente contra la corrupción, destacando la colaboración de su país en los casos del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ‘Las Torres’ y el de ‘Álex Saab’. Más de una vez se refirió a la penetración del narcotráfico en las fuerzas del orden y en los sistemas de justicia, de lo cual han sido advertidas insistentemente las autoridades, sin prestarle la debida atención.

Hace nueve años, cuando se produjo la insólita presencia de un campamento guerrillero de las FARC, en la Provincia de Sucumbíos, el presidente Correa organizó una Comisión presidida por Francisco Huerta Montalvo, quien advirtió que el Ecuador estaba en peligro de convertirse en un narco estado; personalidades nacionales y colombianas denunciaron el financiamiento de las campañas políticas del movimiento Alianza País, por parte de esa misma organización guerrillera; las masacres en los centros penitenciarios pusieron en evidencia que estos establecimientos estaban gobernados por los cárteles de la droga; hace poco se publicó un trabajo de la Universidad Central que denunciaba la existencia de un ‘pacto mafioso’ entre el Estado y el crimen organizado. Todo ha quedado en denuncias, como si a nadie le interesaría identificar a los culpables y que sean sancionados. Las palabras del embajador norteamericano nos enrostran que, una vez más, la información sobre graves delitos cometidos por altas autoridades no quedarán en la impunidad gracias a las denuncias develadas por fuentes externas al país.

Cabe preguntarle al Gobierno: ¿Por qué los organismos nacionales han sido incapaces de detectar tamañas irregularidades? Si varios generales de la Policía Nacional están acusados por Estados Unidos de delitos atroces, ¿serán estos casos aislados?  ¿Qué esperan para reorganizar el fracasado sistema de seguridad de los últimos quince años? Los ecuatorianos exigen respuestas.