A este punto no es posible hacer, sobre el paro nacional, análisis simplistas sobre buenos vs. malos o sobre quién tiene la razón y quién no. Las demandas sociales de las comunidades indígenas y los demás protestantes tienen una razón de ser: merecen ser escuchadas y atendidas, y la protesta social pacífica debe ser respetada. Las consignas «yo no paro, yo trabajo», o «queremos paz» llegan a ser palabras vacías en un país donde solo el 30% tiene empleo adecuado y dónde el crimen y la delincuencia no nos permiten tener una convivencia pacífica. Nadie gana ignorando la mala situación del país.
No obstante, la protesta social debe enmarcarse en el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de terceros, y esto no ha sucedido. Hay personas que han aprovechado una protesta social legítima para generar caos, y en este caos se pierden vidas, se pierden alimentos y producción, se pierden oportunidades económicas. Nadie gana con la paralización.
La salida anticipada del Gobierno -una de las propuestas para la finalización del paro- no es una solución real. Sería contraproducente para la ya débil institucionalidad del país, sin tener la certeza de que vendrá algo mejor. Y es que Ecuador está viviendo la tormenta perfecta: una mezcla de crisis externas, crisis estructurales internas y la incapacidad propia de poder afrontarlas —y esta incapacidad no solo viene del Gobierno, sino de nosotros como país—. No somos capaces de sentarnos a conversar, escuchar, entender, generar consensos y ayudarnos mutuamente. Nadie gana con la fragmentación social actual.
Se deben tender puentes. Se requiere generar las condiciones del diálogo. Y sobre todas las cosas, es primordial que del diálogo se materialicen soluciones, que nunca serán perfectas, pero podrán ser un primer paso hacia la construcción de un mejor país. Como ciudadanía estamos en nuestro derecho de exigir y apoyar una resolución pacífica pero eficaz. Caso contrario, todos perdemos.