Rosalía Arteaga Serrano
La decisión tomada por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso de apelar al recurso de la ‘muerte cruzada’ sin duda ha cambiado el escenario político ecuatoriano, por la finalización cercana de su gobierno, así como por la apertura de un campo electoral inmediato, que pone a los ciudadanos otra vez ante la decisión de elegir a sus máximas autoridades.
La constitucionalidad de la medida ha sido ratificada por la Corte Constitucional al rechazar las impugnaciones que varios partidos políticos presentaron en los días subsiguientes a la toma de decisión por el primer mandatario, lo que, de alguna manera significa un respiro para la mayoría de la población que ve una salida a la crisis de gobernabilidad en la que últimamente nos hemos debatido por la permanente pugna entre el legislativo y el ejecutivo.
Vale la pena recordar que, en su conjunto, la legislatura que cesa en sus funciones tiene menos del 4% de popularidad, debido a los excesos y escándalos que varios de sus miembros han protagonizado.
Los cálculos electorales se han activado de inmediato y han empezado a surgir nombres de posibles candidatos a la Presidencia de la República. Nadie puede desconocer que el reciente triunfo electoral en las elecciones seccionales para alcaldes y prefectos provinciales por parte de UNES, el partido del expresidente Rafael Correa, pone a esta tendencia política al frente de las posibilidades de ganar las elecciones que probablemente tendrán lugar en agosto.
La única forma que tendría la ciudadanía de hacer frente a este anunciado triunfo electoral de la tendencia del denominado socialismo del siglo XXI sería la articulación de candidaturas que dejen de lado los egos, las posiciones de movimientos y partidos políticos que lo único que quieren es medrar de la política, y se sumen a quien mayores posibilidades de triunfo tenga frente a la candidatura que devolvería el poder a una tendencia que ya ha demostrado sus deseos de eternizarse en el poder.
Los valores democráticos deben primar, pero también la reflexión de la ciudadanía que debe reconocerse en el ejercicio de una memoria colectiva, que anteponga el fortalecimiento de una base de trabajo sólida en beneficio de una vida armónica, con atención a las necesidades emergentes de un pueblo que se siente defraudado, sin perder los principios y las libertades que son la esencia de la convivencia y del progreso de los países.