César Ulloa
La gobernabilidad está en terapia intensiva en un hospital democrático desmantelado y también quebrado. No hay por dónde ni cómo. El paso está bloqueado y se avecina una tormenta. Nadie abre las manos como muestra de responsabilidad con el país, peor aun en época de elecciones. ¿Es algo nuevo lo que sucede? Definitivamente, no. En nuestra historia desde la transición a la democracia, no hay en el registro republicano una época de estabilidad total. Nos hemos acostumbrado a vivir entre sobresaltos, en la incertidumbre, al filo de la quebrada. Nuestra manera de ser y estar en la política es al susto, pues parece que tener una democracia de calidad no nos gusta, ni tampoco nos calza. La adrenalina del caos seduce más que un futuro institucional predecible.
Esto inyecta el rumor colectivo de que cada gobierno está a punto de caerse a los pocos meses de haber cruzado la puerta de Carondelet. Las cifras de aceptación de los presidentes desde 1979 son variables, tanto que desde los años 90 comenzaron a decidir alrededor de las encuestas y los resultados de grupos focales. Entonces, lo que miramos no es nada diferente, sin embargo, hay algunas variables y nuevas que sobrepasan el debate acerca del mandatario de turno y del que venga: el crimen organizado con tufo de narcotráfico, la inseguridad y el estado de ánimo por los suelos, más aun y después de la pandemia. Las cifras del empleo se mantienen en rojo. La mayoría de la gente conversa sobre lo peligroso que se ha vuelto todo. La pérdida de confianza es un tema de alta sensibilidad y difícil recuperación.
Al día de hoy se empieza a percibir un aroma de muerte cruzada, aquel artefacto de la Constitución de Montecristi de 2008. Esta alternativa es una suerte de muerte lenta, valga la metáfora, de algo que tampoco terminó de nacer, en el sentido de que el presidente tendrá la obligación de llamar a elecciones en un tiempo definido y con eso se inauguraría un nuevo ciclo, pero nadie sabe si este será mejor, pues la política está en acelerada descomposición. Ni uno de cada diez ecuatorianos cree en los políticos.