Las relaciones del gobierno del presidente Guillermo Lasso con los movimientos indígenas corren el riesgo de comportarse como en el pasado reciente. Me refiero a cuando la Conaie y Pachakutik, por sólo citar un ejemplo, consideraron a los regímenes de entonces débiles y acudieron al chantaje, la presión o la amenaza de movilizaciones, paros y cierre de carreteras para sacar algún provecho de ellos.
Un chantaje es una extorsión para forzar a alguien a actuar de una cierta manera. Se dice que el chantajeado, para evitar que el daño que insinúa el chantajista se concrete, termina aceptando lo que éste pide. Eso tuvo que hacer el presidente Moreno en el octubre violento y depredador de triste recordación.
Con Rafael Correa fue diferente. Además de cárcel, apaleamientos, insultos, descalificaciones y manifestaciones en extremo racistas, no vaciló en ordenar que se les reprimiera con dureza, sin importar heridos y hasta algún muerto que ya nadie recuerda. Desde luego, los chantajistas de turno emplean, como sus predecesores, una serie de tácticas con el propósito de manipular al resto de la sociedad.
La victimización y distorsión de la realidad son sus habituales estrategias de manipulación, algo ajeno a una confrontación ideológica o partidista dentro de los marcos constitucionales y democráticos. Se dice que los chantajistas en general son auténticos monstruos insaciables, expertos en controlar todo lo que sucede a su alrededor, sabios en alimentar lentamente la culpa entre los demás.
La amenaza de un nuevo chantaje es inminente y afecta los ciudadanos que pagamos impuestos y no podemos dejar de trabajar y educar a nuestros hijos. La situación parece irreversible. A ciertos profesionales del chantaje les importan pocos temas como el empobrecimiento que sigue a la pérdida de empleo, el retraimiento de la inversión, el frenazo de la producción o las fugas empresariales. Pero, ¿a quién le importa?