Al terminar junio, un mes que celebra la diversidad sexual, reflexiona sobre las dificultades de la población LGBTI+ y conmemora sus hitos, es importante recordar por qué estos temas deben continuar en la discusión nacional durante el resto del año.
Hay que recordar la intolerancia que se vive en Ecuador. Hay que recordar que la intolerancia en su peor forma mata. Hay que recordar a Javier Viteri que con 22 años fue asesinado con 89 puñaladas en un delito de odio por su orientación sexual, y a los cientos, sino son miles, que han sufrido injustamente un destino parecido en nuestro país.
La intolerancia también es una vivencia diaria. En 2013, dentro del primer esfuerzo del Estado por entender las condiciones de vida de la población LGBTI+, el INEC trabajó en un estudio que concluyó con datos alarmantes. El 71% de la población LGBTI+ entrevistada reportó experiencias negativas en su propio entorno familiar: el 72% sufrió de alguna experiencia de control, el 74% de imposición, el 66% sufrió rechazo y el 61%, violencia.
Además, más de la mitad había sufrido discriminación, exclusión y violencia en espacios públicos y privados, siendo la violencia en espacios públicos (65%) y la exclusión en espacios privados (71%) las más frecuentes. La discriminación en los ámbitos educativo y laboral también fueron altos (40% y 44% respectivamente). Incluso quienes están destinados a proteger también son victimarios: 27% reportó haber sufrido algún atentado contra su integridad por parte de agentes de seguridad.
Por ello, el reconocimiento de la diversidad en la Constitución, en el discurso del gobierno, o en la luces que alumbran Carondelet, aunque importantes, no son suficientes. Es necesario implementar una verdadera política pública integral de visibilidad y protección hacia poblaciones diversas, y la creación de la Subsecretaría de Diversidades ha sido un gran primer paso. Esta importante tarea queda en sus manos.