La muerte de María Belén Bernal, al interior de la Escuela de Policía, presuntamente a manos de su esposo oficial institucional, ocupa a las más altas esferas del poder político y judicial, envueltas con inverosímiles manipulaciones, incluyendo el político que brega por comprometer al Gobierno central en cruento suceso.
El caso conmovió la conciencia nacional. La Policía acumuló desprestigio, por sucesivos hechos recientes que han involucrado a varios de sus activos miembros en diversidad de delitos.
Las circunstancias develadas, determinan que sería, extremadamente, débil y discrecional la formación de oficiales, llamados a garantizar la seguridad ciudadana, que abona a la perforación institucional realizada entre 2007 y 2017.
El gobernante de entonces materializó todos sus esfuerzos para subyugar a las fuerzas de seguridad y ponerlas a su pleno servicio, lo revelan sucesos ocurridos en dicho lapso, debilitando su formación profesional.
La desaparición de las mallas curriculares de la ética, la cívica, la filosofía, tuvieron resultados al concluir los primeros cuatro años de ejercicio gubernamental. La personalidad violenta de Germán Cáceres replica la ola de violencia verbal y física, practicada por el entonces gobernante.
La cronología del cruento suceso, divulgada, el martes, por La Hora, retrata el resultado de la instaurada manipulación de formación de oficiales. La cadena revela que no se cumplieron elementales procesos disciplinarios y de seguridad al interior de la institución.
El encadenamiento no solo identifica al presunto autor material del hecho, sino a otros, desde la garita o guardia de acceso, al permitir, indebidamente el ingreso de civiles, en horas de la madrugada, los correspondientes protocolos, lo que indica que el nivel de formación es desafecto con elementales principios de seguridad institucional.
Si los incidentes se produjeron antes de completar las dos primeras horas del día, refleja que la guardia es quimera y que el caso no podría haber ocurrido sin el protagonismo de la víctima en probable asunto pasional, en el que, mínimo, habrían intervenido cuatro personas.
Grave es la situación para la institución encargada de brindar seguridad, porque pasó del 92% de aceptación ciudadana, durante la pandemia, a 84% de rechazo ciudadano por el caso Cáceres-Bernal. Ello tiene repercusiones de trascendencia política que sacuden la integridad del país.
El Gobierno y los mandos institucionales están en la obligación de reestructurar, inmediatamente, el manipulado proceso de formación de oficiales. De lo contrario será corroído por quienes bregan por garantizarse impunidad con sus elementos que deambulan por todas las instituciones del Estado.
El caso Cáceres-Bernal tiene que ser valorado en su verdadera dimensión porque estaría envuelto no solo en razones pasionales, sino también por ilícitos de diferente índole, para lo que diversos actores pretenden erigirlo como presunto ‘crimen de Estado’, pese a saber que ninguna autoridad dispuso desaparecerla, matarla, como tampoco orden de detención legal o ilegal por autoridad alguna. Los elementos disponibles no van más allá del femicidio.