Según datos recientes de análisis de opinión, basados en encuestas realizadas en las ciudades más pobladas del país, hay muchos problemas que agobian a los ecuatorianos, pero, y con una considerable distancia, los que más resaltan y preocupan son, en su orden: la delincuencia y la inseguridad, el desempleo, la crisis económica y la pobreza. Luego viene un acápite dedicado al tema de la corrupción.
Son temas recurrentes. En los actuales momentos y dada la crisis carcelaria y la denuncia de constantes atracos, asaltos, atentados contra la propiedad privada e incluso contra la vida, han puesto en un estado de alerta a la población, que vive sobresaltos continuos y se siente desprotegida frente a la proliferación de hechos delictivos.
Por ello, así como se actuó con diligencia frente al tema de la salud en lo concerniente a la vacunación para evitar que el coronavirus siguiera causando terribles estragos en la población, es necesaria esa misma actitud y acción propositiva para enfrentar los otros retos que tenemos como nación.
La declaratoria del estado de excepción es una buena medida en este sentido porque permitirá actuar de manera ágil y oportuna, realizar operativos, desmantelar estructuras delictivas, poner orden en las prisiones y centros de detención y brindar a la ciudadanía la sensación de seguridad que tanto necesita para desenvolverse con tranquilidad.
Se requiere que haya acciones concertadas entre las fuerzas del orden, es decir la Policía y el Ejército Nacional, que tiene también el cometido de garantizar la tranquilidad ciudadana y que deben actuar en el marco del respeto a las libertades ciudadanas, pero también con toda la fuerza que las circunstancias lo ameriten.
El principal deber de un gobierno es garantizar la seguridad de sus habitantes, por ello está plenamente justificado el estado de emergencia decretado que, esperamos, rinda los frutos deseados.