Paco Moncayo Gallegos
La Constitución promulgada en 2008 creó la Función de Transparencia y Control Social (Art. 205) formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado y las superintendencias. Para cumplir una de sus funciones, la designación de autoridades: “organizará comisiones ciudadanas de selección”, responsables de llevar a cabo “el concurso público de oposición y méritos con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana”. Estas comisiones se integran con delegados de las funciones del Estado, de las organizaciones sociales y la ciudadanía, “escogidos en sorteo público” (Art. 209).
Hecha la ley, hecha la trampa. En la práctica, el Ejecutivo logró controlar todas las funciones del Estado, mediante procedimientos irregulares. Con sus representantes y los de organizaciones sociales alineadas con el movimiento político, se conformaron las ‘comisiones ciudadanas’. El resultado más evidente: el contralor Carlos Pólit, vencedor con el 100% de la calificación, al servicio de la arbitrariedad oficial y la persecución a personas incómodas al poder.
Lenín Moreno convocó a consulta popular y con el apoyo mayoritario del electorado, los miembros del Consejo fueron reemplazados por uno de carácter transitorio hasta ser reemplazado por otro, que devenga de un proceso de elección universal. Parece que el remedio resultó peor que la enfermedad. De los siete elegidos en 2019, solamente una consejera se mantiene en el cargo, tras la destitución de cuatro de ellos, juicio político lleno de irregularidades. Uno de los legisladores justificó su voto argumentando que ellos han actuado para “favorecer a sus propios intereses y los del Gobierno neoliberal”, insinuando que el actual Ejecutivo manipulaba a la mayoría destituida y dejando en duda si los tres sobrevivientes están alineados con la mayoría legislativa de oposición.
La corrupción rampante, que escandaliza a la conciencia nacional, es fruto de la cooptación de la Función de Control en un sistema hiperpresidencialista que pervive y que se debe desmontar, en beneficio de una democracia real, inmune a la reincidente acción de los tramposos.