Los videos surgidos de las cárceles ecuatorianas la semana pasada nos recuerdan que toda sociedad alberga a personas capaces de someter a los peores suplicios a otros seres humanos, asesinarlos de forma bárbara y profanar minuciosamente sus restos. Por más que nos guste abrazar el mito de la ‘isla de paz’ o el de un pasado prístino y pacífico, la gente supremamente violenta existe y gestionarla es una tarea impostergable que, si se aplaza, pasa una factura altísima.
Es ingenuo creer que sucesos dantescos de ese tipo son ajenos a nuestra cultura. En más de una ocasión, cuando el país bajó la guardia, la minoría de ciudadanos violentos pudo dar rienda suelta a sus impulsos y dejar un escalofriante reguero de muerte y dolor a su paso. Un horror similar al de la semana pasada se vio en los campos de batalla de la Revolución Liberal, entre algunas turbas de ‘La Gloriosa’, en la jaula de los leones del Colegio Militar, en el terreno de Majahua donde tuvieron a José Antonio Briz López o en las fosas que dejaron los siniestros infanticidas en serie que nos visitaron en los ochenta. Sin embargo, las autoridades siempre encontraban la forma de lidiar con ello y de mantener en pie, en la hora decisiva, el dique que evitaba que la violencia sanguinaria se desbordara.
Aún no ha transcurrido el tiempo suficiente como para que podamos estudiar y juzgar con ecuanimidad la forma eficiente pero brutal como se mantuvo al país ‘pacificado’ entre 1979 y 2006, pese al extremismo político, al narcotráfico, la caótica urbanización y las crisis económicas. Sin embargo, la república que nació en Montecristi implicó un giro ideológico con respecto al crimen y la violencia, y el establecimiento de un sistema de seguridad que, si bien era mucho más compasivo e indulgente, requería un ingente presupuesto para funcionar con la misma eficiencia de su menos sofisticado predecesor.
Ahora el Estado está quebrado y uno de los sectores en los que se podía recortar gastos sin gran reclamo es el penitenciario. Las consecuencias están a la vista. La masacre de la semana pasada es un recordatorio más de lo que sucede cuando los políticos hacen promesas que no pueden cumplir y ofrecen garantías que no podrán respaldar. Es apenas la primera pieza del dominó que se desploma.