La política del abandono

Cuando la economía en un país crece, posibilita la evolución hacia una mejor calidad de vida, permitiendo que sus habitantes puedan satisfacer sus necesidades básicas en libertad y sintiéndose seguros de su estabilidad física y mental, en un ambiente de calidad, salud, alimentación, ingresos justos, vivienda y vestido. Cuando instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no cumplen con las sentencias emitidas por la Corte Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo, en favor de sus extrabajadores —personas de la tercera edad que fueron separadas de sus cargos injustamente—, cuando no se provee de medicinas a sus afiliados que viven sin ninguna protección —luego de que por muchos años han realizado sus aportaciones mensuales—, no se puede hablar de bienestar social.

Cuando en los países en vías de desarrollo se ocupan cargos técnicos, con personas sin conocimientos, objetivos ni metas a seguir, lo hacen obedeciendo consignas políticas que atentan contra la democracia. Dejar de obedecer las decisiones de la Justicia, cuando existe una sentencia ejecutoriada de la Corte y un auto resolutorio en firme, suma consecuencias nefastas para la población más necesitada, a la que se le niega un trato digno y justo. Quienes no tienen conciencia de lo que sucede no están preparados para dirigir las instituciones del Estado.

Ecuador es un país que necesita sentar las bases para que su gente no siga pasando privaciones de ninguna naturaleza, se recupere la justicia y la dignidad de las instituciones, venidas tan a menos por funcionarios que se llenan de asesores que desconocen de las funciones del Estado. No podemos perder la esperanza de que el Ecuador encuentre el rumbo o la oportunidad para hacer lo que se pregona: “el gobierno del encuentro”.

Los problemas que afronta la seguridad social deben resolverse con eficiencia y calidad, priorizar gastos y replantearse objetivos en beneficio de los afiliados, para recuperar la confianza perdida. Es hora de organizarse mejor, que se cumplan las leyes y las resoluciones de la justicia con oportunidad. Todos aspiramos a vivir en un entorno saludable y de calidad; la justicia no puede seguir siendo burla de nadie.