El ejercicio de las Libertades de Expresión y de Prensa vuelven a debatirse en el marco del archivo de la Ley de Libre Expresión, enviada por el Ejecutivo, y por las recientes reformas a la Ley de Comunicación aprobadas por la Asamblea.
Los dos proyectos son diametralmente opuestos: el primer proyecto abogaba por la autorregulación de los medios, mientras que las reformas aprobadas (re)establecen organismos y canales de supervisión. Dos caras de una misma moneda: el ejercicio de los derechos siempre se sostiene en un delicado balance, y la tensión entre proteger la libertad de expresión y proteger otros derechos que pudieran verse afectados por los abusos de esta, sigue vigente.
Sin embargo, como ya hemos visto en nuestro país, establecer canales de supervisión (y posteriormente de sanción) abre la puerta a un control arbitrario basado en el deseo de establecer una narrativa oficial predominante, afectando el justo ejercicio de expresión y de prensa. No obstante, hoy, más allá de los posibles cambios legales, parecería que la Libertad de Expresión y de prensa, junto con el resto de libertades en el marco de nuestra democracia, enfrentan una amenaza mayor: la indiferencia social.
Frente a las graves crisis que atraviesa el país, cuidar la Libertad de Expresión no es prioridad entre los ciudadanos. La mala gestión gubernamental genera desconfianza en las instituciones, y ésta aumenta la preferencia en regímenes autoritarios. Con ella, existe un riesgo real de un intercambio perverso: nuestras libertades a cambio de la promesa de un Gobierno que solucione, con mano dura, los problemas nacionales.
La libertad de expresión no se sostiene por sí sola. No solo se requieren adecuadas protecciones legales sino, además, una ciudadanía consciente de su importancia, y eso se logra, entre otras cosas, con mayor confianza en las instituciones democráticas. Algo que hoy estamos perdiendo.