Pablo Granja
Se suele representar a la Justicia como una dama sosteniendo una balanza con dos platillos vacíos y los ojos vendados. Simboliza la imparcialidad que se debe mantener al momento de evaluar las pruebas que se depositan en los platillos, y resolver de manera independiente y justa a favor de quien reclama la Verdad jurídica, al margen de cualquier condición política, económica, social o cualquier otra. Sin embargo, los numerosos casos de corrupción en las instancias judiciales han convertido a la idílica silueta de la Justicia en una Dama indefensa, cuya fragilidad la hace vulnerable y fácil de violar.
Hay miles de casos que lo demuestran. Uno es el del ciudadano ecuatoriano Nelson Serrano, que fue secuestrado en nuestro país para ser trasladado a los EE. UU., con la aparente complicidad de las autoridades locales, y que desde hace 18 años permanece en el ‘Corredor de la Muerte’, acusado de cuatro asesinatos cometidos en Florida, que Óscar Vela Descalzo, en su libro ‘Los crímenes de Bartow’ demuestra que no era posible que hayan sido ejecutados por el señor Serrano, ya que el caso se basa en pruebas fraguadas, ocultas e ignoradas. Pese a los esfuerzos desplegados por sus familiares y abogados por obtener su libertad, lo único que han logrado es prolongar la agonía, mientras él aspira a terminar sus días con su honra restituida. “En todas partes se cuecen habas”. Y si bien en nuestro país no existe pena de muerte, sí existen criminales que la ocasionan de manera recurrente, porque recuperan la libertad por orden de jueces instalados desde la época de la ‘metida de la mano en la Justicia’. Acaba de ocurrir con la libertad otorgada a un condenado a 24 años por doble asesinato, luego de haber cumplido apenas 2 años y un poco más de prisión.
Hay otros casos que, sin tener la gravedad de los señalados, exacerban los ánimos de la gente. Uno de ellos es la unificación de las sentencias del ex vicepresidente Glas, aplicando legislación posterior a la sentencia para rebajar el tiempo de condena, lo cual sería ilegal, de acuerdo al criterio de los entendidos. No menos indignante es el de la Dra. Collantes —la del griterío de “¿quieres probar mi poder?”, condimentado con lo más destacado del diccionario soez— que acaba de ser restituida a su antiguo ejercicio de jueza con generosa indemnización económica incluida.
¿A alguien le sorprende que la aplicación de la ley sea selectiva? Teodoro Gallegos Salem lo está viviendo en carne propia; creyó en lo que establece el Art. 83 (Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Ley), número 8 (Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción). Por crédulo denunció por enriquecimiento ilícito a una ex alta funcionaria del despacho presidencial, ex concejal y ex presidenta de la Asamblea, convencido de que estaba cumpliendo con un deber cívico. Pese a las numerosas pruebas documentales presentadas, distintos jueces y fiscales en diferentes instancias han ocultado informes y emitido sentencias bochornosas, que han sido la base para que la denunciada se proclame víctima, convirtiendo este caso de enriquecimiento ilícito en violencia de género en su contra.
A todo nivel y para cualquier tipo de delitos, ¡los inescrupulosos están convirtiendo a la Justicia en ciega, sorda y muda!