Cuando existía la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de última instancia, que desapareció merced a la Constitución de 2008, la picaresca judicial con visos de delincuencia tenía una cuarta instancia: la desaparición física del proceso. Así se lograban prescripciones, se impedía ejecuciones de sentencias civiles. Desde luego había una solución contemplada en la ley: reponer el juicio. Mas ya se había logrado quemar tiempo y así alargar la causa.
Con la Constitución de 2008 la trampa se institucionalizó: no existe tercera instancia, pues los fallos ejecutoriados podrían ser revisados, revocados por la Corte Constitucional, mediante los dichosos amparos, tanto que éstos dejaron de ser una garantía ciudadana pues el Estado también recurrió a ellos. Así el poder, la injusticia y el abuso fueron de la mano. Y van de la mano: el caso Yunda es ejemplo, pues jueces inferiores echan al canasto resoluciones y sentencias ejecutoriadas.
Es cierto “los hombres pasan, la Instituciones quedan”, pero cuando las instituciones nacen del derecho, sustentadas en la doctrina y eficientes. La actual Corte Constitucional, de cuyos integrantes pocos dudan, no es parte de la Función Judicial, más puede decidir en última instancias causas que ya pasaron en autoridad de cosa juzgada. Hoy por 5 a 4 resoluciones justas, mañana todo puede suceder, ya que no hay nada jurídicamente consumado en el Ecuador, sigue la “litis pendencia”, la cosa juzgada es una antigualla para los “progresistas” o correístas, quienes ansían la revisión de sentencias penales dictadas contra su jefe.
En un país donde el Estado de Derecho tiene una ley suprema, no se pueden volver a interponerse recursos buscando la apelación de sentencias o resoluciones precluidas. Figura jurídica que determina la terminación de los procesos, aplicable en lo laboral, procedimiento civil, administrativo.
Ergo, la Corte Nacional de Justicia, el recurso de casación, son para un museo jurídico. La Constitución garantiza la preclusión pero a continuación permite toda clase de recursos, entre otras situaciones que ponen en ridículo a la justicia.