La corrupción, impunidad, contradicciones, sentencias descabelladas, desmemoria y los desaciertos vergonzosos de la justicia ecuatoriana no son un misterio. Desde la trama escandalosa, ocultamiento del listado de burócratas y silencio por los sobornos pagados por Odebrecht hasta el caos jurídico levantado alrededor de la destitución del contumaz Jorge Yunda en la alcaldía de Quito, nos han convencido de que la justicia local es el arte de enredar hechos delictivos con un poco de verborrea, ficción lírica y artimañas de legalidad. Una administración de (in)justicia que nació mal, funciona mal y se reproduce peor.
La Corte Nacional de Justicia del correísmo-morenista (o Corte Jalkh) persiste como en sus mejores días para declarar inocentes a delincuentes sofisticados y confundir a la opinión pública. Juicios ininteligibles, el show de procesos prefabricados y sentencias incoherentes que sirven para tapar al peculado y llamarlo ‘infracción administrativa’.
La familia Bucaram (involucrados en asesinatos y la compra irregular de insumos médicos), los hermanos Salcedo (pasajeros de una avioneta caída en Perú al intentar escapar con fajos de dinero) y el secretario de Inteligencia del correísmo, Pablo Romero, (vinculado al caso Caminito por el pago raro a un informante) son declarados inocentes. Para nuestros jueces, ellos son víctimas que nunca pecaron con dinero ajeno.
Otra jueza es separada del caso contra el sueco Ola Bini, amigo del pirata informático Julian Assange, por un supuesto ‘fraude procesal’; y, según su defensa, por violar los derechos humanos del extranjero. Al parecer, con pruebas falsas, testimonios y documentos forjados por fiscales y policías del gobierno anterior. Tan bochornoso como la asignación y sorteo irregular de procesos judiciales que ha provocado allanamientos, investigaciones a magistrados y destituciones masivas de judiciales. Todo un escenario turbio de armar entuertos y exigir dinero porque el soborno, la coima y el chantaje cohabitan a granel en el aparataje de la (in) justicia tuerta. Tal vez ya es hora de botar abajo y renovar la función estatal de la inmoralidad ciega, del atropello agresivo, ilicitud y arbitrariedad. ¿14 años de tropelías sin anteojos ni muletas no fueron suficientes?
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