José Alvear
Nuevamente nos vemos obligados a poner el tema en la agenda de la sociedad civil. Presenciamos un debate de aspirantes a conspiradores, perdón, candidatos a ser el reemplazo del Presidente en caso de ausencia y, al final del día, escuchamos las mismas propuestas de siempre; escasas de sustento y con exceso lírica. Vendiéndonos la promesa de que con ellos viviremos en el país de las maravillas del cuento de Alicia.
Todos anhelan dar beneficios, pero nadie indica cómo van a equilibrar el déficit fiscal de casi $5.000 millones que todos los años acompaña la proforma de presupuesto del Estado.
No entiendo por qué gastamos tanto espacio en aspirantes a un cargo que no tiene funciones oficiales definidas. Es decir, lo más parecido a ‘Diosito’: “estoy, pero no me ves”.
El dinero que se destina a la Vicepresidencia, actualmente $2,7 millones (2024), sirve para mantener a 84 funcionarios bien podría canalizarse en otras necesidades, por ejemplo, en la compra de medicinas para hospitales públicos, armamento o movilización para la Policía.
Si no amerita el cargo de la Vicepresidencia, porque entre otras cosas no hay un espacio que lo exija, entonces debe eliminarse esa dependencia y trabajar en una reforma para que en caso de ausencia del Presidente, exista una forma más inteligente de designar un reemplazo.
No estamos en condiciones de malgastar dinero. En esa línea, se debe eliminar el Consejo de Participación Ciudadana ($12 millones anuales), reducir significativamente la Contraloría General del Estado, que gasta $83,3 millones anuales, y fusionar el Ministerio de la Mujer con el de Inclusión Social, pues gasta casi $100 mil anuales.
Se viene un nuevo capítulo electoral y, con esto, la gran oportunidad de hacer “borrón y cuenta nueva” con aquellas instituciones que no traen beneficio para el país y representan un gasto que resulta absurdo asumir.