El papá Estado y los subsidios

José Alvear

Creer que vienen días mejores para el Ecuador con políticas económicas que giran en función de líneas de créditos para pagar gasto corriente u otras líneas de créditos es como pensar que pagando el “mínimo” de la tarjeta de crédito vamos a salir de deudas.

De la misma forma, seguir insistiendo en la teoría de focalizar el subsidio a los combustibles es echar más gasolina al fuego.

Recordemos que está medida está vigente desde la época dorada del petróleo en Ecuador allá por el año 1974, cuando vivimos el verdadero auge petrolero. Ahí empezó una nefasta época donde la “religión al papá Estado” se posicionó con mucha fuerza a punta de estos regalos o medidas demagógicas que luego se convirtieron en un derecho adquirido, dizque para disminuir las desigualdades económicas entre los ecuatorianos.

Ecuador se encuentra con un déficit de $14.500 millones, de los cuales $5.000 millones son por concepto del déficit anual, $5.500 millones corresponden a deuda con el IESS, gobiernos locales y prestadores, y $4.000 millones son aportes a capital por concepto de deuda interna y externa.

El gobierno nos indica que buscan por un lado disminuir el déficit fiscal, y nuevamente pasa la factura a los ciudadanos; sin embargo, olvidan que el mayor problema está en el obeso aparato del Estado. Hay que reducirlo radicalmente, aunque esto implique, para el gobierno de turno, inmolarse e irse a su casa. Hay organismos del Estado que realizan doble función; por ejemplo, las prefecturas ($898 millones) tienen como función el desarrollo dentro de su jurisdicción en el campo de la vialidad y optimización de las existentes. Está función debería corresponder al Ministerio de Obras Públicas y la recuperación de las cuencas hidrográficas al Ministerio del Ambiente.

Y así podríamos pensar en eliminar organismos que no se justifican; por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, que nos cuesta $15 millones al año y no representa a la ciudadanía. A quienes sí representa es a los caudillos del momento.

El gobierno asegura que con esta medida busca combatir el contrabando. Eso solo se va conseguir cuando trabajemos esa transición que ya empezaron los países de primer mundo, de combustibles líquidos a gas natural, pues al ser más económica, amigable con el ambiente y menos desgastante para las máquinas se volvería rápidamente la matriz de transporte público, privado y generación de energía. Con ello se podría liberar al precio de mercado los combustibles líquidos y se acabaría el contrabando.

Con esta política de Estado se beneficiaría realmente a los sectores vulnerables dándoles una herramienta útil para emprender de forma competitiva y prosperar realmente.

Se busca ahorrar $631 millones al año mientras que con el gas natural el ahorro sería de $3000 millones al año.

El país no necesita decisiones improvisadas y al apuro. Ecuador exige estadistas que adopten políticas de Estado que nos vuelvan un país próspero al costo que sea, incluso de nuestras propias vidas.

¡Por menos Estado, más libertad!