Jorge García Guerrero
La mala costumbre ha hecho que califiquemos con los términos “a la ecuatoriana” cualquier cosa mal hecha, a desgano o al apuro. Un buen ejemplo es la célebre “hora ecuatoriana”, ese anuncio anticipado de que nadie llegará a tiempo y de que todo empezará tarde, si acaso empieza.
Un nuevo exponente de lo que hacemos “a la ecuatoriana” es el informe “no vinculante” sobre el último Censo, elaborado y aprobado por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Ese documento es una muestra elocuente de la soltura con la que en este país se predica sobre lo que se desconoce, escudándose en que “es un tema político” y cumpliendo pactos sellados en oscuros chats entre coidearios. También evidencia ese rechazo visceral a lo técnico, que se persigue “como perro con hambre”, según advirtió —con peculiar lucidez— la presidenta de la comisión en una entrevista en un medio digital el 8 de enero de 2025.
El informe “no vinculante” arranca mal y termina peor, se inaugura con 26 errores ortográficos (sí, veintiséis), 18 frases enredadas, y 12 siglas jamás explicadas. A esto se suma el bautizo del término “genocidio estadístico” como categoría censal. Las conclusiones, audaces pero difusas, denuncian sin señalar responsables ni proponer soluciones. ¿Cómo podrían? Piden un nuevo censo sin explicar cómo, cuándo, cuánto ni con qué. Ignoran prácticas censales básicas empleadas en países como Colombia, México, Brasil o Uruguay, y llegan al colmo de afirmar que al aumentar personas disminuye la población.
Pero la cereza del pastel está en el costo de este ejercicio de “fiscalización poética”: más de un millón y medio de dólares en un año, solo en sueldo de comisionados, asesores y asistentes incluidos, para producir 40 páginas mal redactadas, que harían sonrojar a un corrector de estilo y enmudecer de rabia a cualquier demógrafo sensato. Todo por hacer las cosas como saben: ¡a la ecuatoriana!