Entre los constitucionales deberes y responsabilidades ciudadanas consta “participar en la vida política, cívica y comunitaria de manera ética y transparente”. En el Art. 83.17 está el texto, pero casi nadie lo lee, menos lo asume, porque los actuales actores se esfuerzan por degradar la política, mientras el civismo parece tener algún sentido solo en recintos militares y de la Policía.
La participación e integración comunitaria está en retroceso, en tanto las formas éticas y transparentes de obrar política, cívica y comunitariamente son, cada vez, más escasas en los diferentes estamentos políticos y ciudadanos.
Si se habla de participación política, cívica y comunitaria, imposible obviar que desde décadas atrás la población se muestra reacia a la política, porque los llamados a darle sentido de servicio a la sociedad se sirven de ella para amasar fortunas, como han demostrado innumerables investigaciones periodísticas y sentencias penales, contra quienes encabezaron, por ejemplo, el Gobierno entre el 2007 y 2017.
Por ello parece ser astucia o demagogia de quienes inspiraron normas y las manipulan proliferen, en sus populistas discursos, ética y transparencia, mientras por debajo de la mesa entretejen coimas, sobreprecios, peculados, delincuencia organizada, con amparo de la Asamblea Nacional que no cesó ni cesa en atropellar la Constitución durante la formación de la ley, en la concesión de amnistías y en otras resoluciones turbias.
Tal la regularidad de las actuaciones de los hoy membrados como ‘Revolución Ciudadana’, que, sin remordimiento, desde la Asamblea responsabilizan de la creciente inseguridad y debilidad para controlarla al Ejecutivo, sin mínima autocrítica, de, acaso, responsabilidad primaria y eventual disfrute de la escalada de violencia.
Sobran preguntas: ¿quién liberó la comercialización y consumo de estupefacientes?, ¿quién flexibilizó la legislación penal, desde la Constitución, para favorecer a los infractores?, ¿la mayoría de la Asamblea Nacional es o no parte de la estructura de decisiones políticas del Estado, llamada a proponer y determinar soluciones a importantes problemas del país?
¿Quién desmanteló las casas de seguridad que mimetizaban a los agentes encubiertos para contrarrestar operaciones ilícitas?, ¿quién demolió el sistema de inteligencia formado por militares y policías que intercambiaban información de dichos agentes?, ¿sesgó la SENAIN la información con fines distintos a la seguridad interna?
Especialistas aseguran que se construía un narcoestado, cuyos cimientos tendrían importantes espacios en la Función Judicial y otras del Estado. Los gestores tienen suficiente dinero para remunerar elementos para mantenerlo, por ello, su lucha sin cuartel, con arsenales y dispositivos más eficaces que los estatales.
Ecuador está en dilemas. Preciso es, “participar en la vida política, cívica y comunitaria de manera ética y transparente” para lograr resultados que reviertan la escalada de violencia.