Ugo Stornaiolo
Según el Diccionario de la Lengua, ‘indefensión’ tiene dos significados. El de uso común: “falta de defensa, situación de las personas o cosas que están indefensas”. En léxico jurídico: la “situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial”.
Los ciudadanos lucen indefensos ante comportamientos abusivos del Estado, de los que deberían velar por la seguridad y de colectivos como los indígenas (que siempre amenazan). Casos más recientes demuestran que al gobierno se le ha ido de las manos “preservar la paz y la seguridad de sus ciudadanos”, según la Constitución.
El asesinato/femicidio de la abogada Bernal es otra gota que llena el vaso de la paciencia. La víctima ya no está, algo lamentable, sino el hecho y el lugar donde pasó. Alguien entra a una dependencia policial, es ultimada y desaparecida por policías (no se discute la actuación abominable del esposo de la víctima ni los entretelones del acto violento). Tampoco es demoler la Escuela Superior de Policía, para construir “nuevas habitaciones con enfoque de género”.
Hechos cometidos por los que deben proteger a los ciudadanos: el Estado, la Policía, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, inteligencia policial, los que tomaron declaración del teniente fugado y más responsables (oficiales, cadetes y policías que vieron, oyeron y no actuaron, escudados en un mal espíritu de cuerpo).
En pocos días se olvidará, como el asesinato del fiscal Édgar Escobar en Guayaquil, en la puerta del complejo judicial, por sicarios. Docente universitario y persona recta que investigaba casos de terrorismo y narcotráfico. En las unidades judiciales del puerto los funcionarios no tienen seguridad.
Todo queda en diagnósticos. No funciona el sitio web de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). No hay turnos para la revisión vehicular (si se consiguen —en las copiadoras de los alrededores—), hay varias colas para obtener un sticker que entregan mucho después y se inventan multas. En el Registro Civil es una odisea conseguir cédulas y pasaportes.
No hay medicinas en hospitales públicos. Se denunció que —¿por ahorrar unos dólares?— no se adquirió insumos para pacientes con enfermedades catastróficas en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Mientras tanto, una jueza anula los procesos a Iza y se arman, a vista y paciencia de todos, guardias indígenas que anuncian “una estrategia de resistencia milenaria en sus diferentes expresiones”. Es un estado de indefensión total.