El Ministro de Finanzas, ideológicamente identificado con el neoliberalismo radical con sede en Estados Unidos, quizás sin ningún miramiento de patria ni idea de defensa de los intereses nacionales del país y su Constitución, firmó un Convenio con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de ese país (DFC, por sus siglas en inglés). El documento, firmado el pasado 14 de enero, instrumenta un préstamo de hasta $3.500 millones de dólares, previa hipoteca o prenda de los grandes recursos que son el patrimonio del pueblo ecuatoriano: petróleo, hidroeléctricas y telecomunicaciones que, eventualmente, podrían pasar a ser propiedad de la DFC y sus transnacionales.
La DFC es una institución financiera del plan estadounidense para recuperar la hegemonía global frente a los avances de Rusia y China. La Corporación tiene la intención de modernizar el esquema de financiamiento al desarrollo internacional, de acuerdo con la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), promulgada a finales de 2017, y donde refiere que EE.UU. debe armarse con nuevas herramientas para enfrentar la influencia de China, Rusia y otras potencias, sobre la escena internacional.
La ESN reconoce que EE.UU. pierde la batalla por esa preeminencia global, y orienta la conformación del nuevo esquema de financiamiento que será fundamental para actualizar su posición geopolítica y económica.
Algunos abogados cuestionan el Convenio por sus reiteradas inconstitucionalidades y por el peligro de que el Ecuador pierda sus más valiosos recursos. Consideran que la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional deben conocer y denunciar ese acuerdo y declararlo inconstitucional en forma y fondo.