Una de las conquistas mayores para la dignidad y afianzamiento de la racionalidad de nuestra especie, en marco de libertad, justicia y paz, fue la adopción, el 10 de diciembre de 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas, en París, en 1948.
Es de tanta importancia este documento, que orienta la marcha de los pueblos y naciones que no han caído en las garras del totalitarismo, que ha sido traducido a más de 4.500 idiomas.
En su Art. 18, expresa: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto o la observancia”.
Por lo general se respeta lo indicado en regímenes libres y democráticos, no así en aquellos donde impera el absolutismo, cual el caso de Nicaragua, oprimida por Daniel Ortega y su esposa, que, con el membrete de revolucionarios, fungen de presidente y vicepresidenta de esa vapuleada República, luego de fraudulentos comicios que seguirán repitiéndose entre persecuciones y más atropellos a quienes consideran que no siguen su línea absolutista.
Luego de la expulsión de las Misioneras de la Caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, entre otros agravios no solo a religiosos, ese nefasto régimen violentamente ha reducido a prisión a Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y a siete de sus colaboradores, acusándoles -sin ninguna prueba- de terroristas.
Frente a estos y otros abusos, el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, señaló como aberrantes estos encarcelamientos. No de otra manera se puede calificar a semejantes vejámenes propios de cerril extremismo.